La Policía Nacional ha liberado a cinco víctimas de un entramado criminal asentado en Torrelavega, especializado en la trata de mujeres de origen latinoamericano para su explotación sexual en pisos de citas ubicados en ciudades españolas como Santander, Valladolid y Avilés.

Se ha detenido a tres personas en Cantabria, una en Madrid y otra en Avilés, entre las que se encuentra la principal responsable del grupo que ya ha ingresado en prisión provisional.

La organización desmantelada obligaba a las mujeres a estar disponibles las 24 horas del día, siete días de la semana, y a pedir permiso para poder bañarse o atender su higiene menstrual.

La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que decía ser víctima de una trama de trata de seres humanos con fines de explotación sexual ubicada en Cantabria. Los agentes corroboraron la existencia de ese entramado criminal asentado en Torrelavega, pero que desarrolla su actividad delictiva en varios pisos de citas ubicados en diferentes puntos de la geografía nacional.

Las víctimas eran captadas en sus países de origen por una colaboradora del entramado que aprovechaba la precariedad en la que vivían y la necesidad imperiosa de obtener ingresos para presentarlas una oferta falsa de trabajo en España como webcammer de contenido sexual, aunque sin contacto personal directo con clientes.

Una vez aceptada la propuesta, la principal responsable del entramado se encargaba de gestionar todo lo necesario para el traslado de las mujeres hasta España mediante un simulado viaje de turismo, financiando los gastos y aleccionando a las víctimas sobre cómo comportarse para lograr burlar los controles fronterizos.

Ya en España, las mujeres eran enviadas a los pisos de citas, donde se les retiraba el pasaporte y se les informaba de la deuda económica que habían contraído, que podía alcanzar los 6.500 euros, y que deberían saldar a través de ejercicio de la prostitución.

La explotación sexual se realizaba en pisos de citas regentados por terceras personas, quienes se dedicaban al alquiler de habitaciones para el ejercicio de la prostitución y que no siempre sabían que esas mujeres estaban siendo forzadas a llevar a cabo esa actividad para saldar una deuda con sus traficantes.

Las mujeres debían estar disponibles las 24 horas del día, siete días a la semana, y solo podían descansar cuando así lo establecía la responsable de la organización. Tenían que pedir permiso para salir a la calle y eran obligadas a recibir a los clientes aunque estuvieran enfermas o con la menstruación.

Los servicios que ofrecían eran publicados en webs de contacto sexuales y por ello debían pagar 100 euros semanales al entramado, lo que incrementaba la deuda inicial.

La principal investigada era quien respondía a las peticiones de los clientes recibidas mediante llamadas telefónicas o a través de una aplicación de mensajería instantánea, controlando así la cantidad y la duración de los servicios.

Durante la operación policial se han registrado cinco inmuebles de Cantabria, Valladolid y Avilés, donde se ha intervenido 5.000 euros en efectivo, siete gramos de cocaína, tres terminales telefónicos y diversa documentación relacionada con la actividad ilegal.

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