El Juez cita como investigados por prevaricación a cinco concejales de PRC y PSOE de Ribamontán al Monte

El proceso judicial por prevaricación contra el alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco (PRC), y los cinco ediles con los que formaba equipo de gobierno la pasada legislatura “sigue su curso”, después de que el Juez haya citado a declarar a los concejales en calidad de investigados.

Así han informado desde el Partido Popular de Ribamontán al Monte después de haber recibido notificación de la citación de los concejales regionalistas Lidia Ruiz Llanos, Raúl Fermín Ruiz Sánchez, Fernando González Mazas, Mercedes Fernández Pérez y del socialista Jesús García Fuente, para declarar el día 21 de junio de 2022.

El presidente local del PP, José Luis Blanco, ha recordado que en febrero de 2018 su formación presentó una querella contra el primer edil de Ribamontán al Monte por pagar facturas municipales entre los años 2016 y 2017 por valor de casi 20.000 euros a pesar de los reparos de ilegalidad de la secretaria-interventora municipal.

“Arco levantó los reparos sin subsanarlos”, ha dicho Blanco, señalando que por esa querella -extensible a los cuatro concejales del PRC y al edil socialista que también votaron a favor del levantamiento de las advertencias de ilegalidad de la interventora y que ahora han sido citados- el alcalde regionalista declaró como imputado en noviembre de 2018 ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña.

La denuncia hace referencia al pago de cuatro facturas, de las que dos corresponden al abono de casi 4.000 euros en concepto de honorarios a abogados para la defensa del propio alcalde, la teniente de alcalde y una extrabajadora en un procedimiento penal.

Las otras dos facturas se refieren al pago de 7.260 euros a una consultoría jurídica por un informe de expropiación forzosa, cuando esa evaluación ya había sido realizada por la jurídico municipal, y al pago de 8.000 euros a una consultora por un trabajo relacionado con los puestos de trabajo del Ayuntamiento.

Además, también hay reparos de la interventora en relación al cambio de puesto de trabajo de la coordinadora del Centro de Comunicaciones y de la contratación del aparejador municipal, de la abogada municipal y del servicio informático sin seguir el procedimiento.