Díaz Guerra cree que la fuente del Monumento a Franco “es magnífica y no tiene ningún significado político"

El concejal de

, ha confirmado hoy en

que ha encargado un estudio para precisar en que estado está, y cuanto costaría la reparación de

la fuente del

, y que se sitúa en la confluencia de la Rambla Santa Cruz con la Avenida de Anaga.

Díaz Guerra apuntó que esta fuente, “es una fuente más de las que tenemos en el

municipio en desuso, y forma parte de nuestro patrimonio histórico”, añadiendo que

su obligación como responsable público y mantenedor de ese patrimonio municipal es “poner todo en valor, porque

”.

En ese contexto, el edil popular mantiene que “es una fuente magnífica y no tiene ningún tipo de significado político para mí, ni para el 99% de la gente que nos está escuchando, pero sí es verdad que hay una ley que dice que para otras personas tiene otro significado”.

Por consiguiente,

ya que, “no podemos permitir que se deteriore y a Santa Cruz le aportaría muchísimo estéticamente esa fuente de nuevo en marcha, con un atractivo turístico, y el turista seguro que no tendrá ninguna intencionalidad política”.

En cualquier caso, el planteamiento es, si realmente es coherente llevar a cabo esta inversión en el arreglo de la fuente, si en poco tiempo, llega una resolución que obligue a su demolición, por el cumplimiento de la Ley de Memoria histórica.

Sobre este particular, Díaz Guerra afirmó que

explicando que

“si hay que resignificar esa fuente, posiblemente podamos conservar toda la parte ornamental de impulsión de agua

y mantenimiento del estanque que es a lo que se ciñe nuestro trabajo”.

Y aclaró: “Si mañana nos llega una resolución judicial o administrativa que nos obliga a demoler la fuente, ya veremos lo que habría que hacer, pero mi obligación es saber cuánto nos cueste arreglarla. Si nos llega una resolución que diga que quitándole la espada al Ángel por ejemplo, deja de ofender a los que perdieron la guerra, pues yo ya tengo la capacidad de poner en marcha la fuente”.

Por último, el edil popular quiso reiterar que “esta es una cuestión administrativa y técnica, yo no entro en disquisiciones políticas o de ofensas. La ley es la que es, y establece unos procedimientos en los que entran tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias. En tanto en cuanto estas administraciones no se pronuncien, nos tenemos que llevar por el sentido común”.