Canarias lidera el ránking en acoso escolar de toda España. Según el último informe PISA, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un 10,2 % de los estudiantes del archipiélago declara sufrir bullying frecuentemente, muy por encima de la media nacional, que se sitúa en el 6,5 %. Por detrás de las islas están Cataluña (8,6 %) y Galicia (8,5 %), mientras que las comunidades con la tasa más baja son La Rioja (4,1 %), Castilla y León (4,2 %) y Madrid (5 %).

Según el informe PISA, "la intimidación y el acoso es un problema generalizado, con graves consecuencias para la vida de los estudiantes que lo sufren". Así, añade que el acoso es un tipo específico de comportamiento agresivo en el que una persona o grupo de personas daña e incómoda de forma intencionada y repetida a otra persona.

Se caracteriza por "un abuso sistemático de poder y una relación de poder desigual entre el acosador o acosadores y la víctima". El acoso puede ser físico (golpes, puñetazos y patadas), verbal (insultos y burlas) y relacional (difusión de bulos y participación en otras formas de humillación pública y exclusión social).

Más profesores

Los sindicatos ven en la falta de medios el principal problema. "La bajada de la ratio por alumnos no es una petición corporativista sin más, sino que se trata de mejorar la calidad educativa", explica Pedro Crespo. El presidente de ANPE Canarias, el sindicato mayoritario en las islas, insiste en que "no es lo mismo un aula con 32 alumnos que una con 20; el trabajo del profesor es el mismo, pero con menos chicos podemos atender mejor esa diversidad".

A su juicio, el protocolo antiacoso de la Consejería de Educación "funciona relativamente bien, pero tenemos que tener más medios, más profesorado de apoyo que posibilite afrontar esta realidad: no hay una situación generalizada de acoso escolar, pero sí casos muy graves que requieren más recursos".

Exclusión social

Desde STEC, su portavoz añade en que es necesario mejorar la prevención, máxime teniendo en cuenta que "entre el 35 y el 40 % de la población canaria está en riesgo de pobreza o exclusión social, algo que afecta a las familias". Para Gerardo Rodríguez, "las circunstancias en las que se desarrolla la actividad en la escuela pública no son las más adecuadas, pero también hay causas sociales a las que hay que buscar soluciones".

Pedro Crespo apunta también a una "creciente desafección de la familia con la escuela". "Tenemos que intentar concienciar a las familias de que el profesorado es colaborador de ellas, que cuando detecten cualquier circunstancia, tienen que comunicarse con nosotros", añade, y lamenta en que "la respuesta de las familias cuando convocamos reuniones cada vez es menor".