El Gobierno canario avanza en su plan para sancionar a parados que rechacen ofertas de formación

El Gobierno de Canarias ha decidido dar un paso al frente para aplicar la ley y sancionar a los demandantes de empleo que rechacen formación sin una causa justificada. Así lo ha confirmado la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, en una entrevista en el programa 'Herrera en COPE Gran Canaria'. Según De León, aunque la Ley General de Empleo ya contempla estas penalizaciones, la falta de un protocolo entre el SEPE y el Servicio Canario de Empleo ha impedido su aplicación. "Canarias se ha planteado, en ausencia de gobierno, pues gestionar una competencia que se le ha transferido", afirmó, subrayando que no se trata de "castigar por rechazar sin más", sino de estimular a quienes no muestran interés en reincorporarse al mercado laboral.

El reto de conectar formación y empleo

La consejera ha destacado la importancia de ferias de empleo para visibilizar las opciones formativas y laborales, especialmente para los jóvenes. El objetivo es cerrar la brecha entre la formación y las demandas reales del mercado. "Hay sectores emergentes que están necesitando mano de obra cualificada y que no encuentran", ha señalado De León. Entre ellos, ha mencionado perfiles especializados como soldadores para reparar buques, maquilladores para la industria audiovisual o programadores y expertos en inteligencia artificial.

De León ha aportado un dato contundente para justificar esta estrategia: solo el 6,4% de los jóvenes desempleados tienen carreras universitarias, lo que evidencia una necesidad de mayor especialización. El problema es aún más grave entre los parados de larga duración. "Estamos teniendo un problema en parados de larga duración, también en menores, donde el 86 por 100 acredita no tener ninguna titulación", ha lamentado la consejera.

Estamos teniendo un problema en parados de larga duración, también en menores, donde el 86 por 100 acredita no tener ninguna titulación"

Jessica de León, consejera de Empleo y Turismo del Gobierno de Canarias

Absentismo y nuevas lógicas laborales

Otro de los grandes problemas que afrontan las empresas canarias, especialmente la pequeña y mediana empresa, es el absentismo laboral no justificado. La consejera ha explicado que esta situación, sumada a la lentitud de la Seguridad Social para comunicar las bajas, "se está comiendo sus beneficios" y dificulta la subida de sueldos. De León confía en que los próximos acuerdos de concertación social permitan alcanzar pactos entre sindicatos y patronales para abordar este asunto.

En cuanto a la reducción de la jornada laboral, la consejera se ha mostrado favorable siempre que se haga con acuerdo y se implementen medidas para no afectar a la competitividad de las pymes. Ha criticado la polarización política actual, que impide llegar a acuerdos de sentido común. "Aquí no se trata de malos o buenos, que en este país todo está polarizado absurdamente", ha declarado, haciendo un llamamiento a la reconciliación: "Lo que hay que hacer es reconciliar la política con el sentido común".

Lo que hay que hacer es reconciliar la política con el sentido común"

Jessica de León, consejera de Empleo y Turismo del Gobierno de Canarias

La nueva ley de vivienda vacacional

En el ámbito turístico, De León ha defendido la nueva ley de vivienda vacacional, asegurando que su principal objetivo es "blindar" y dar seguridad jurídica a los propietarios que quieran ejercer esta actividad. La norma, ha explicado, establece un procedimiento claro de declaración responsable ante ayuntamientos, cabildos y el Gobierno, algo que el anterior decreto no hacía. Ha insistido en que los propietarios actuales deben seguir cuatro sencillos pasos para adaptar su situación y garantizar la continuidad de su actividad "de por vida" bajo la nueva regulación.

La consejera también ha querido aclarar la confusión generada tras una reciente sentencia judicial. "Un apartamento con licencia turística en suelo turístico no puede ejercer la vivienda vacacional", ha sentenciado, basándose en la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Ha explicado que para esos casos es necesario modificar otra ley, la Ley 2/2013, y ha criticado a los políticos, como la alcaldesa de Mogán, por "jugar" de forma "cruel" con miles de propietarios al generar incertidumbre.

Finalmente, la consejera ha ofrecido datos positivos sobre el turismo. Canarias se mantiene en cifras de visitantes similares a las del año pasado, con unos 18,4 millones de turistas, pero con un notable incremento del gasto medio en destino, que crece entre un 8% y un 11%. Esto eleva la facturación total a cerca de 24.000 millones de euros, de los cuales el IGIC turístico aporta una parte fundamental para financiar los servicios públicos de las islas.