Estos días ha saltado a la palestra el debate con respecto a la inviolabilidad del domicilio privado tras la publicación de un video en el que dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía entraban a la fuerza en una vivienda para identificar a catorce personas que estaban celebrando una fiesta ilegal. Debate que balancea las dos posturas: la de la legitimidad de la acción policial por “Desobediencia grave” y la de el ataque a los derechos fundamentales por “allanamiento de morada”.

En el actual escenario de establecimiento de medidas de restricción por la pandemia se ha autorizado y requerido una mayor actuación policial para el control y consecución del cumplimiento de estas. Por ello, el debate levanta aún más revuelo, en un momento donde el Estado debe ser garantía del cumplimiento de los derechos, y garante a su vez de salvaguarda de la salud pública. En el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de la policía local, sin embargo, no han recibido ninguna instancia para la aplicación de un nuevo modelo de actuación en la entrada en domicilios por la pandemia.

Su Concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, declaró esta mañana en COPE Canarias que “No hay instrucción desde la parte política al respecto“, y destacó la presencia del marco normativo a cumplir. “la libertad de los ciudadanos es consagrada en nuestro sistema. Vivimos en un Estado Constitucional en el que la policía tiene sus instrumentos y los ciudadanos también. Entre ellos impedir la entrada a nuestra vivienda privada”. Sobre la situación de pandemia y la celebración de fiestas ilegales, Iñiguez lamentó que estas puedan suceder, pero entiende que es el precio a pagar por vivir en un Estado de Derecho como es el español. “Si hay cuatro energúmenos que ponen en riesgo su vida y la demás hay que preservar su libertad porque es la de todos”, defendió.

El concejal destacó el volumen de trabajo al que está sometido el cuerpo de policía durante esta Semana Santa, y destaca las casi 24.000 sanciones pendientes que tienen solo en la capital. Las restricciones por la Covid-19 han llevado a incrementar la labor policial para el correcto funcionamiento de las medidas sanitarias. Sin embargo, la pérdida de derechos fundamentales no relacionados con la excepcionalidad del Estado de Alarma por motivos sanitarios es una línea que no se contempla cruzar en el desempeño de sus obligaciones, según las palabras de Josué Iñiguez.

LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA

El debate se desarrolla en torno a la línea que separa la “desobediencia” de las medidas sanitarias y el “allanamiento de morada”. Mientras, la inviolabilidad del domicilio es bastante clara en la ley fundamental del Derecho español, la que reina en la pirámide de Kelsen como prioritaria sobre el resto de documentos legales. “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”.

Es lo que reza el artículo 18 de la Constitución Española, y que niega la acción policial desautorizada para la entrada en el domicilio privado. Asimismo, el apartado segundo del art. 15 de la conocida popularmente como Ley Mordaza, sostiene que “será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad”. Algo que cabría analizar si se produce o no en este tipo de situaciones.

La juez de guardia, en su momento, autorizó la entrada de los policías al domicilio, lo que sienta una cierta jurisprudencia al respecto. Muchos abogados penalistas, sin embargo, entienden la sentencia como desproporcionada, ya que se debía en todo caso a una falta administrativa y no a un delito. Algo que injustifica, dicen, la acción policial.