¿Quiénes son los inversores interesados en la planta avilesina de Alu Ibérica?

Los siete inversores que están interesados en hacerse con la factoría avilesina de Alu Ibérica son empresas "netamente industriales", algunas con negocios vinculados al aluminio, que se marcan, entre sus condiciones para realizar una oferta final, visitar las instalaciones para conocer de primera mano el estado actual de la factoría.

Así lo ha afirmado este jueves en rueda de prensa el consejero de Industria, Enrique Fernández, tras la reunión de la mesa industrial Alu Ibérica Avilés celebrada ayer, en la que el Ministerio de Industria trasladó la existencia de siete compañías interesadas, cuatro de ellas extranjeras y tres firmas de carácter nacional.

El consejero ha explicado que dos de esos posibles inversores (uno español y otro extranjero) han sido atendidos inicialmente por el Principado y, posteriormente, derivados al Ministerio de Industria, que ayer constató que el interés de todos los interesados "es por la planta, pero no en la plantilla".

"No vamos dar nombres, que sean ellos los que desvelen su interés y planes industriales y que se haga a la mayor brevedad posible", ha subrayado tras defender la gestión "seria, rigurosa, prudente y discreta" del Gobierno asturiano frente a quienes "instrumentalizan el dolor" de los trabajadores y buscan "intereses políticos".

El consejero ha afirmado que el Ejecutivo asturiano "no ha mentido" a la plantilla y siempre le ha trasladado "la verdad, aunque sea dolorosa".

DECEPCION ENTRE LA PLANTILLA

El presidente del Comité de Empresa de la factoría avilesina de Alu Ibérica, José Manuel Gómez de la Uz, ha asegurado que el administrador concursal dice que no hay inversores.

"Inversor es el que se hace con la planta y con la plantilla, no alguien que se haga con la fábrica y la trocee", ha remarcado el presidente del comité, que ha pedido que mantenga la actividad hasta que llegue un tercero.

A su juicio, lo que está haciendo ahora el Ministerio de Industria es "maquillar la situación" asegurando que va a haber inversores y que se va a recolocar la plantilla, compuesta por unos 250 trabajadores.

De la Uz ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que presente un informe que acredite que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no puede intervenir en la sociedad de acuerdo a la normativa europea por tratarse de una empresa en crisis.