En los últimos días han surgido plataformas por toda España reclamando que los padres puedan elegir entre la enseñanza online o presencial con el objetivo de proteger la salud de sus hijos. Ellos defienden que no son familias "insumisas", sino familias preocupadas y concienciadas. No enviar a un niño al colegio podría incurrir en un delito que viene tipificado en el Código Penal que castia a aquél que dejara de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad o tutela. Lo advierte la Fiscal Superior de Asturias Esther Fernández, quien aclara que habría que estudiar caso por caso de los niños que no acuden a clase para ver los motivos, pero si esas causas vienen motivadas por estas plataformas, es decir, sin justificación clara, los incurrentes podrían ser sancionados con multas, e incluso, con la retirada de la patria potestad. Por otro lado, la Fiscal Superior, y en relación a la situación de las residencias de mayores en Asturias, afirma que tienen conocimiento al minuto de las medidas, actuaciones y controles que se ponen en marcha en estos establecimientos. Añade que, de momento, no ha detectado ninguna irregularidad en las actuaciones de los geriátricos, e informa de que, por ahora, hay abiertas diligencias en la residencia del Carmen, en Gijón.

La Fiscal además ha facilitado los datos de la memoria de la Fiscalía del año 2019. El Ministerio Fiscal ha tramitado una media de 50 denuncias al mes y archivado más de la mitad sin llegar al Juzgado porque los hechos no tienen relevancia penal. En concreto, durante 2019 se incoaron en Asturias 486 diligencias de investigación, lo que supone un incremento del 8,2%. En cuanto a los procedimentos, durante el año pasado llegaron a juicio un total de 37.926, se dictaron 5.644 sentencias por delitos graves y menos graves, de las que 4.908 fueron condenatorias. Se registraron 15.384 delitos contra la vida y la integridad de las personas, de ellos, 23 delitos en el bloque de homicidio y sus formas. Disminuyeron los delitos contra la libertad sexual registrándose un total de 272, una disminución de un 13,3%. En delitos contra la salud pública, se registraron 242 asuntos frente a los 209 del año que anterior. Se calificaron 127 procedimientos, y hubo 84 sentencias condenatorias. En violencia de género, disminuyeron el número de asuntos, se contabilizaron un total de 2.717 frente a los 2.773 del año 2018. Se colicitaron 308 medidas cautalres de protección, de las que 238 fueron concedidas. Se registraron 1.601 procedimientos por conducción bajo los efectos del alcohol o drogas. Aumenta además el número de procedimientos incoados por conducir sin carné (571 frente a 547 en 2018).