La Educación, uno de los caballos de batalla de las elecciones de 8-F: ¿Recursos para la pública o fomento de la concertada?
De los 16.000 alumnos que actualmente cursan Bachillerato en Aragón, 3.600 lo estudian en la escuela concertada
Zaragoza - Publicado el
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El anuncio del Gobierno de Aragón de concertar el Bachillerato ha reabierto el debate entre destinar más recursos a la Educación pública o fomentar la Enseñanza concertada. Una medida que estaba vinculada a la aprobación del presupuesto de 2026 y que el Gobierno aragonés tenía intención de comenzar a aplicar el próximo curso en todos los centros educativos que lo solicitaran.
La cantidad asignada por módulo y curso académico se ha cifrado en unos 126.000 euros como explicó la consejera de Educación Teresa Hernández a los representantes de las familias de la concertada y a los responsables de los centros. Según los cálculos de la consejera, habría 54 unidades en Aragón susceptibles de acogerse al concierto.
OBJETIVO DE LA CONCERTACIÓN
De los 16.000 alumnos que cursan Bachillerato en Aragón, 3.600 lo estudian en la concertada. La idea del Gobierno es conceder ese concierto a todos los centros de la comunidad que reúnan los requisitos, sin ningún tipo de limitación. La inversión que había prevista en el borrador de los presupuestos de 2026 para iniciar este proyecto en el primer cuatrimestre de ese curso era de 3 millones de euros con cargo al presupuesto de este año que no salió adelante y obligó a adelantar las elecciones. La inversión en un año completo alcanzaría los 7 millones de euros.
El objetivo de la concertación del Bachillerato, según el Gobierno, viene recogido en el artículo 27 de la Constitución Española: garantizar la libertad de enseñanza y facilitar que las familias puedan elegir libremente el tipo de educación que consideren mejor para sus hijos, sin que el aspecto económico influya en la decisión. Una medida que además posibilitaría a las familias que sus hijos sean educados en el mismo centro desde los 3 a los 18 años. Actualmente ya hay comunidades donde el Bachillerato está concertado, como el País Vasco, Navarra, Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
El objetivo es facilitar que las familias puedan elegir libremente el tipo de educación de sus hijos.
¿QUÉ OPINAN FECAPARAGON, ESCUELAS CATÓLICAS Y CECE?
El presidente de FECAPARAGON, Miguel Ángel Sarralde, ha valorado esta medida de una forma muy positivo ya que se trata de una demanda histórica por parte de las familias de la concertada. “Reclamamos que, para blindar este proyecto, los partidos políticos que se sientan responsables de poder ofrecer a los aragoneses un presupuesto, tengan capacidad de sentarse y negociar esto que es una muy buena medida para las familias aragonesas”.
En los mismos términos se ha expresado el presidente de Escuelas Católicas, José Luis Sampériz, que cree que esta medida contribuirá a garantizar la libertad de oportunidades para todos. Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza e Aragón, José María Marín, ha calificado esta medida de "importantísima".
“Con esto lo que se logra es que alumnos que han entrado en un colegio a los 3 años no tengan que irse cuando tienen 16, sino que pueden seguir sin tener que marcharse a otro centro por no tener recursos suficientes para poder seguir en el colegio que antes no estaba concertado. Logramos continuidad y que las familias de estos alumnos estén en igualdad de condiciones a otras que disfrutaban de algo similar”.
La cantidad asignada por módulo y curso académico se ha cifrado en unos 126.000 euros.
¿QUE DICEN LOS REPRESENTANTES DE LA ESCUELA PUBLICA?
La plataforma en defensa de la Escuela Pública de Aragón, integrada por sindicatos, partidos políticos y la asociación de familias FAPAR, se queja de que se están desviando fondos públicos a la educación privada mientras la red pública afronta múltiples carencias.
Consideran que este desvío de fondos de la enseñanza pública a la concertada es una medida “injustificable” debido a que en la red pública aragonesa existen actualmente más de 2.300 plazas de Bachillerato sin ocupar. Creen que destinar recursos a financiar nuevas plazas concertadas va en detrimento de la educación pública, que cuenta con capacidad suficiente para absorber la demanda.
Por eso piden que no se priorice a la enseñanza privada y concertada y que se invierta en la pública para solucionar problemas como la falta de personal, la precariedad laboral y el deterioro de los centros que dependen del Gobierno de Aragón. Según los datos de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Aragón FAPAR, en la última década se han cerrado más de 200 aulas públicas en la comunidad, de las cuales 53 corresponden a los dos últimos cursos.
Por su parte, el sindicato CGT ha cifrado en 20 millones de euros el presupuesto que el Gobierno de Aragón destina a estas políticas de concertación y piden que ese dinero se emplee en reforzar la educación pública.