Cerdos hacinados, enfermos y mutilados: la Fundación Igualdad Animal denuncia maltrato en 9 granjas de Aragón

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La Fundación Igualdad Animal denuncia el "maltrato sistemático" que sufren los cerdos en la industria porcina en España y la falta de inspecciones en el sector. Las imágenes, captadas en nueve granjas de cría, maternidad y engorde de cerdos en Aragón, evidencian la crueldad, el abandono y las presuntas violaciones de la legislación vigente a las que se somete a estos animales.

Mortalidad neonatal desmesurada

Uno de los hallazgos más alarmantes, afirman desde la Fundación Igualdad Animal, es la desmesurada mortalidad de los lechones en las granjas investigadas. El fomento de las camadas numerosas provoca que las cerdas no puedan amamantar a todas sus crías, lo que resulta en el nacimiento de lechones débiles que son dejados morir de hambre. Las cifras oficiales sitúan la mortalidad en torno al 15% sobre el total de lechones nacidos vivos, un porcentaje que aumenta hasta el 20% si se cuentan los nacidos muertos.

Las cerdas madre sufren un confinamiento extremo en jaulas de gestación tan estrechas que apenas pueden moverse, lo que les impide satisfacer sus necesidades más básicas. Esta situación deriva en comportamientos estereotipados y autolesiones, como morder insistentemente los barrotes hasta provocarse heridas en la boca y el hocico.

Mutilaciones y graves problemas de salud

Las mutilaciones son una práctica normalizada en la industria. A pesar de que el corte de cola rutinario está prohibido por la Directiva 2008/120/CE, se estima que en España se le practica a cerca del 95% de los cerdos. Durante la investigación se documentaron cubos llenos de muñones de cola y testículos, así como herramientas para realizar estas amputaciones sucias y desatendidas.

Además, los problemas de salud en los animales son generalizados. El reportaje documenta heridas, abrasiones y prolapsos en las nueve granjas visitadas, con cerdos que presentan grandes hinchazones, heridas cubiertas de pus e inflamaciones del tamaño de una pelota de fútbol. Estas lesiones están directamente influenciadas por factores como la falta de higiene o la imposibilidad de moverse durante largos periodos.

La investigación revela una grave negligencia en la vigilancia y el manejo de los animales, así como una vulneración de los procedimientos sanitarios. La presencia de cadáveres en pasillos o carretillas supone una infracción de las normas básicas de gestión de cadáveres (SANDACH) y un riesgo para la transmisión de enfermedades, incumpliendo el Real Decreto 306/2020 y la Ley 8/2023, de sanidad animal.

Inacción política y falta de inspecciones

A pesar de que Igualdad Animal denunció a varias de estas explotaciones, la respuesta institucional ha sido de pasividad. Tras una inspección, el Gobierno de Aragón ha decidido no abrir expediente sancionador, argumentando que "no se constatan infracciones en materia de bienestar animal". Esta decisión contrasta frontalmente con la dureza de las imágenes presentadas por la organización.

Los intereses económicos del sector cárnico condicionan las políticas públicas, manteniendo una industria que antepone sus intereses al bienestar de los animales"

Anna Mulá

Gerente de Incidencia Legislativa de Igualdad Animal

Esta postura evidencia, según la fundación, que existe un abuso estructural normalizado en la ganadería intensiva que la administración no está dispuesta a sancionar. "Los intereses económicos del sector cárnico condicionan las políticas públicas, manteniendo una industria que antepone sus intereses al bienestar de los animales, la salud pública y el medio ambiente", afirma Anna Mulá, gerente de Incidencia Legislativa de Igualdad Animal.

La organización denuncia además una disminución de los recursos públicos destinados a la inspección en Aragón, coincidiendo con el cambio de gobierno en 2023 y la entrada de la coalición entre el Partido Popular y Vox. Esta situación se suma a un problema a nivel nacional, donde, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, solo se controla entre el 1% y el 3% de las granjas cada año, a menudo con aviso previo.

Anna Mulá concluye que, aunque las denuncias activan expedientes, la "respuesta administrativa es insuficiente: incluso ante graves incumplimientos, los casos se reducen a sanciones mínimas o, en ocasiones, ni siquiera se abre expediente". Por ello, Igualdad Animal asegura que seguirá denunciando para que se implementen medidas eficaces que garanticen la protección real de los animales.