Valentia inicia acciones legales para evitar la puesta en marcha de la planta de compostaje en Martillué

Valentia ha anunciado que hará uso de todas las vías del ordenamiento jurídico para evitar la apertura y funcionamiento de la planta de compostaje que la empresa de titularidad pública GRHUSA planea establecer a tan solo 195 metros del Centros Ignacio Claver de Valentia en Martillué; un centro socio sanitario acreditado y concertado con el Gobierno de Aragón 

Como primera medida —a la cual se sumarán otras acciones previstas—, la fundación ha interpuesto un recurso de revisión en el que solicita la nulidad de la concesión de licencia provisional de obras facilitada por el Ayuntamiento de Jaca a la empresa GRHUSA.

El recurso solicita la nulidad de la licencia de obras, concedida con carácter provisional, y recuerda la necesidad previa de la obtención de la declaración de impacto ambiental por parte del INAGA, requerimiento que no se ha cumplido. Asimismo, el recurso reitera - como ya hizo en las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia pública- que la proximidad de la planta al Centro Ignacio Claver de Valentia en Martillué resulta incompatible con la protección de la salud y el bienestar de las personas que viven allí .

Proximidad crítica y población vulnerable  

La instalación proyectada se ubica a unos 195 metros de distancia del centro Ignacio Claver de Valentia al que asisten diariamente 58 personas con discapacidad intelectual, de las que 39 viven allí y son atendidas por 33 trabajadores. 

Desde Valentia se subraya que, aunque en el expediente administrativo se menciona que el núcleo de población más cercano es Martillué a unos 650 metros de distancia, se obvia la existencia de personas que viven a menos de 200 metros en un centro que lleva instalado en la misma ubicación desde hace 37 años.

Además, se trata de un colectivo especialmente vulnerable (personas con discapacidad intelectual, TEA y otros trastornos del neurodesarrollo), cuya protección requiere un nivel reforzado de garantías.

La experiencia demuestra que las emisiones propias de estas instalaciones (olores persistentes, bioaerosoles, partículas y ruidos) pueden extenderse a distancias de hasta varios kilómetros,  pero con especial intensidad en el entorno de dos kilómetros, comprometiendo de manera grave su calidad de vida.

Por otra parte, la ubicación prevista generaría un incremento significativo del tráfico pesado en vías locales, lo que supone un riesgo añadido de accidentes y atropellos, especialmente para los usuarios del centro, los visitantes del mismo y los vecinos que transitan a pie por la zona. A ello se suman riesgos ambientales relevantes, como la posible contaminación del aire, del agua subterránea y del suelo, la proliferación de vectores y la degradación del paisaje y del entorno inmediato.

profundo malestar  

Igualmente, Valentia ha querido reiterar su profundo malestar e incredulidad. “Resulta incomprensible que el Ayuntamiento de Jaca estuviera planteando una instalación de esta naturaleza en una ubicación tan sensible sin haber realizado ninguna comunicación a nuestra entidad”, explica Lorenzo Torrente, presidente de la entidad.

Asimismo, se recuerda que GRHUSA omitió cualquier referencia a la existencia del centro con personas con discapacidad, muy próximo a la ubicación del vertedero proyectado, en la documentación presentada ante el Ayuntamiento. “Estamos convencidos de que si se hubieran considerado desde el principio, se habrían tenido mejores opciones para intentar reconducir el problema”, añade.

A la vista del desarrollo de este controvertido proyecto, Valentia recuerda la historia de discriminación, olvido, silencio e invisibilidad sufrida durante muchos años por las personas con discapacidad intelectual y sus familias. “No podemos comprender que, una vez más, estas personas sean los nuevos olvidados y resulten invisibles, pues ni siquiera constan en las memorias presentadas”, lamenta Torrente. 

Las familias, que llevan muchos años luchando en defensa de su dignidad, van a luchar por sus derechos hasta el final. Valentia sostiene que, sin perjuicio de la legalidad de la licencia de obras y de su acomodo medioambiental (que igualmente serán objeto de acciones legales), “socialmente, este proyecto es un claro error".

Por eso, desde Valentia confían y desean que las administraciones públicas con las que ha entrado en contacto puedan dar una solución a este asunto para que esta planta se ubique en otro lugar más adecuado.