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El Ayuntamiento paraliza el cobro de las plusvalías tras la sentencia del Tribunal Constitucional

Las personas que hayan recibido una notificación por este concepto, tienen un plazo de un mes para poder recurrirlo.

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Tiempo de lectura: 1'Actualizado 17:15

El Ayuntamiento de Huesca, con el acuerdo de la junta de portavoces, ha decidido paralizar la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Las personas que hayan recibido una notificación por este concepto, tienen un plazo de un mes para poder recurrirlo.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el sistema de cálculo de las plusvalías, el Consistorio municipal no tramitará nuevos procedimientos liquidadores de este impuesto.

Aquellas personas que hayan recibido una notificación por este concepto, tienen un plazo de 30 días para recurrir dicha liquidación. El Ayuntamiento informará de forma directa a todas ellas con el fin de que sean conocedoras de la posibilidad de recurrir el cobro requerido.

El concejal de Hacienda, José María Romance, explica que, “por prudencia y a la espera de que se conozcan todos los detalles del fallo, no vamos a seguir liquidando este impuesto para evitar que un mayor número de personas puedan solicitar su devolución”. Así mismo, Romance reconoce el quebranto que esta sentencia puede suponer para las arcas municipales de todos los ayuntamientos del país y afirma que “estamos a la espera, primero de conocer la integridad de la sentencia y, posteriormente, de ver qué medidas se proponen desde la FEMP y el Ministerio de Hacienda para paliar esta nueva situación”.

El impuesto de plusvalías municipal es el tercer impuesto que más ingresos genera en el ayuntamiento de Huesca y de aplicarse la sentencia del tribunal constitucional que declara nulo dicho impuesto, en Huesca se pondrían en pleigro 1,5 millones de euros.

El alcalde Luis Felipe ha apuntado que esta cuestión preocupa a todas las haciendas locales del país y se ha sumado a las solicitud de la Federación Española de Municipios y provincias para que el Gobierno conceda a los Ayuntamientos y contribuyentes seguridad jurídica

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