Preocupación en el sector educativo tras la grave agresión a un trabajador en un centro de menores en Sevilla

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha denunciado una grave agresión en el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) "La Jara", en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Un educador social de 63 años sufrió varias fracturas durante su turno de noche el pasado martes, un horario en el que la plantilla de personal se encuentra más reducida. Las lesiones han obligado al trabajador a coger la baja.

Según el sindicato, este incidente no es un hecho aislado, sino que forma parte de una "crisis generalizada" que afecta a los centros de reforma juvenil en toda Andalucía. CCOO ha alertado de un empeoramiento de las condiciones laborales, un aumento de las agresiones y una gran inestabilidad en los contratos de los trabajadores.

Violencia en los centros de menores: un problema nacional

CCOO enmarca esta agresión en un contexto de gran gravedad a nivel nacional, recordando sucesos como el fallecimiento de una educadora en Badajoz y el apuñalamiento de otra en Bilbao.

En Andalucía, la situación es "igualmente crítica", según el sindicato, que ha denunciado incidentes recientes en varias provincias:

• Sevilla y Almería: Agresiones físicas, una de ellas con un educador que necesitó puntos de sutura en un ojo.

• Córdoba, Sevilla y Jaén: Destrozos en las habitaciones e incluso inundaciones intencionadas.

• Granada y Córdoba: Los profesionales advierten de que los perfiles de los nuevos menores requieren más personal y protocolos especializados.

A esto se suma la violencia verbal, como amenazas e insultos, que es "una realidad cotidiana" para los trabajadores de estas instituciones. El sindicato asegura que esta exposición continua a la violencia está afectando la salud mental de los empleados, provocando cuadros de ansiedad y estrés crónico.

Causa de la crisis según el sindicato: falta de financiación y supervisión

CCOO atribuye esta situación a varios factores principales:

Financiación insuficiente: Se prioriza el dinero sobre la calidad de la atención y la educación de los menores.

Falta de supervisión: La Junta de Andalucía no garantiza condiciones de trabajo dignas y seguras.

Estigma social: El estigma que rodea a estos centros reduce el interés político por mejorar su situación.