Tener trabajo ya no es garantía de estabilidad: un 14% de las personas en exclusión social tienen empleo

La exclusión social afecta ya al 23,1% de la población andaluza, lo que se traduce en casi dos millones de personas. De ellas, un 10,2% se encuentra en una situación de exclusión severa. 

Estos son los datos más destacados del último informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía, elaborado por la Fundación FOESSA y presentado por Cáritas.

¿Qué es la exclusión social?

Daniel Rodríguez de Blas, coordinador del informe, explica que la exclusión social va más allá de la pobreza, que se mide con un único indicador. El estudio de FOESSA analiza 37 indicadores que miden "aquellos elementos que te impiden participar con normalidad en la sociedad". Estos indicadores abarcan desde dimensiones económicas, como el acceso al empleo, hasta el acceso a derechos como la vivienda, la educación o la salud.

La vivienda y el empleo, motores de la exclusión

El informe señala directamente a la vivienda y el empleo como los "dos grandes motores de la exclusión" en Andalucía. Según Rodríguez de Blas, el incremento de precios de la vivienda "está expulsando de la vida digna y de la integración a muchísimas personas".

El empleo protege pero ya no blinda"

Por su parte, el empleo ya no es una garantía de estabilidad. "El empleo protege pero ya no blinda", afirma el experto. La prueba es que un 14% de las personas en situación de exclusión tienen un puesto de trabajo, lo que demuestra que tener un empleo ya no es sinónimo de integración.

Diferencias entre el ámbito rural y urbano

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El rostro de la exclusión no es el mismo en toda la comunidad. "La exclusión en las grandes urbes es una exclusión mucho más extensa, más intensa y más cronificada", detalla el informe. En las grandes ciudades es más difícil establecer los vínculos y redes de relaciones que actúan como un escudo protector.

En cambio, en el ámbito rural, donde los lazos sociales son más fuertes, el problema se centra en la falta de acceso a servicios básicos como la sanidad o el transporte. Esta carencia aleja a sus habitantes de la participación plena en la sociedad.

Este informe nace con la "vocación de que se utilice", tanto en el ámbito de la intervención social de Cáritas como en la administración pública. El objetivo es que sirva como un elemento de diagnóstico para la construcción de políticas públicas más eficaces.