Acude a la sanidad privada en Málaga por unas hemorroides, paga 3.600 euros y el juez decide que le devuelvan el dinero

En Andalucía, casi dos millones de personas, el 22% de la población, tienen contratado un seguro médico privado, según los últimos datos del Observatorio Sanitario Privado 2025, elaborado por la Fundación IDIS. Este crecimiento, que ha sido del 25% desde que el Partido Popular gobierna la comunidad, refleja una tendencia al alza impulsada por las largas listas de espera en la sanidad pública y la falta de recursos en el sistema sanitario andaluz, que destina solo 1.735 euros por habitante, la cifra más baja de España.

Sin embargo, incluso quienes no cuentan con un seguro privado a veces se ven obligados a recurrir a él ante la imposibilidad de ser atendidos a tiempo en la red pública. Es lo que le ocurrió a una mujer de 70 años de Málaga, que, tras meses de espera infructuosa para operarse de un prolapso hemorroidal grado IV, decidió pagar 3.600 euros de su bolsillo para someterse a la intervención en un centro privado. Ahora, el Juzgado de lo Social número 5 de Málaga ha dictado una sentencia histórica que obliga al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a reembolsarle el dinero, un fallo que refuerza los derechos de los pacientes ante las demoras injustificadas del sistema público.

Un caso que ejemplifica el colapso de las listas de espera

La paciente, cuya identidad no ha sido revelada, recibió en febrero de 2021 la indicación médica de ser intervenida quirúrgicamente. Sin embargo, el SAS pospuso la operación ocho meses, alegando la "situación epidemiológica" derivada de la pandemia de COVID-19. Peor aún: ni siquiera la incluyó en la lista de espera oficial. Ante el empeoramiento de su estado y el dolor insoportable, la mujer optó por operarse en un hospital privado el 23 de febrero de ese mismo año.

Su caso no es excepcional. En diciembre de 2024, había 194.159 personas en lista de espera en Andalucía, de las cuales 51.799 superaban ya el plazo legal máximo para ser atendidas. Aunque la Junta puso en marcha un "plan de choque" con una inversión de 283,3 millones de euros, incluyendo 119,9 millones para derivar pacientes a la sanidad privada, los resultados han sido limitados: solo se redujo un 5,3% la lista de espera general, muy lejos del 60% previsto.

La Justicia avala el derecho al reembolso en casos de "urgencia vital"

El abogado Damián Vázquez, de la asociación El Defensor del Paciente, llevó el caso ante los tribunales, argumentando que la mujer cumplía los requisitos para ser reembolsada. La sentencia, basada en la doctrina del Tribunal Supremo, establece que el concepto de "urgencia vital" no se limita al riesgo de muerte, sino que incluye situaciones en las que la demora puede provocar "daños irreparables o sufrimientos excesivos".

El fallo también invoca el "silencio administrativo positivo", una figura jurídica que considera aceptada una solicitud de reembolso si la Administración no responde en plazo. Pese a ello, la Consejería de Salud ha recurrido la sentencia, lo que prolongará el proceso.

Un derecho poco ejercido y menos reconocido

Aunque la legislación permite reclamar el reembolso cuando el sistema público no atiende a un paciente en plazo, solo 16 andaluces lo han intentado entre 2011 y 2025, según datos oficiales. Y de ellos, la Junta ha devuelto apenas el 5,37% del dinero reclamado (10.201,62 euros de 189.940,82 euros).

La paradoja es que, mientras 53.000 pacientes superaron el plazo legal de espera en 2023, solo cuatro presentaron solicitudes de compensación, todas denegadas por la Administración. Este desconocimiento generalizado de los derechos de los pacientes contrasta con el aumento constante de la privatización sanitaria en Andalucía, donde el gasto en conciertos con empresas privadas ha alcanzado los 3.718 millones de euros en siete años.

Un sistema sanitario bajo presión

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Mientras tanto, colectivos como la Marea Blanca y los sindicatos denuncian el "desmantelamiento progresivo" de la sanidad pública andaluza, que cuenta con el menor gasto per cápita de España. En una reciente manifestación en Sevilla, más de 20.000 personas exigieron al presidente Juan Manuel Moreno y a la consejera de Salud, Rocío Hernández, que reviertan esta situación.

La sentencia de Málaga podría sentar un precedente para otros pacientes en situaciones similares, pero también evidencia una realidad: el sistema público, cada vez más debilitado, empuja a los ciudadanos hacia la sanidad privada, ya sea por desesperación o por falta de alternativas. Y, como demuestra este caso, no siempre les resulta fácil recuperar lo que han tenido que pagar.