En la provincia hay actualmente más de cien proyectos para la instalación de plantas de energías renovables, según la Asociación Valle Natural Río Grande, una de las entidades que luchan en España contra lo que llaman la implantación exprés de este tipo de industrias.

Hablamos de plantas energéticas que requieren de la autorización del Gobierno central (si son de gran envergadura) o de la Junta de Andalucía (si son de menor tamaño). Pero en ningún caso deben contar con el visto bueno de los ayuntamientos de las localidades en las que se implanten.

EN PIE DE GUERRA

Es precisamente esto lo que tiene en pie de guerra a municipios de toda la provincia, localidades como Antequera, donde el ayuntamiento ha acordado solicitar a los gobiernos central y autonómico que los parques fotovoltaicos, eólicos... deban tener también autorización municipal. Manuel Barón es el alcalde de Antequera y comentaba que, “no tiene sentido que un Ayuntamiento se le implanten una planta de un número de hectáreas y que el Ayuntamiento no pueda opinar. Nos basamos en la buena voluntad con las empresas, pero eso no debería de ser así, debería estar regulado”, subrayó.

Ante este tipo de proyectos, el único margen de maniobra que tienen los ayuntamientos es proteger urbanísticamente ciertas zonas del municipio. Barón señalaba en este aspecto que, “es imposible proteger los 750 kilómetros cuadrados, porque no tendríamos nada, ni inversión, ni instalación de empresas. Hay un paisaje como el de La Vega que es un paisaje agrario singular, están Los Dólmenes, la ena de Los Enamorados, luego hay zonas no están protegidas especialmente, pero si lo cumplen todo, los Ayuntamientos ahí poco podemos decir, yo les digo a los vecinos que no se puede alegar contra algo que es legal”, comenta Barón.

OPINIÓN UNÁNIME

Es un asunto que aúna opiniones de alcaldes de un signo político y de otro. A la opinión del alcalde de Antequera, del Partido Popular; se suma la del regidor de Campillos, de Adelante Campillos-Izquierda Unida, Francisco Guerrero, que señalaba que, “nadie nos ha consultado nada, nadie nos ha dicho como se harían esos proyectos, en que terrenos contretos, si van a zonas que queremos preservar, no estamos en desacuerdo con las energías renovables, pero entendemos que no de esta forma”, comentaba Guerrero.

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En el caso de Campillos (y de otros 70 municipios andaluces), lo que reclaman directamente es una moratoria en la autorización de renovables a gran escala, “para que el Gobierno planifique, para que las empresas también planifiquen, para que los ayuntamientos podamos planificar y establecer conversaciones con ministerios y empresas para saber y hacer aportaciones, y que terrenos están para hacer este tipo de instalaciones”.

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