La situación del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga ha vuelto a ser uno de los temas centrales del pleno de la Diputación, institución que prevé sacar "de inmediato" una oferta pública de empleo para dotar a este ente de 70 nuevas plazas, 45 de nueva creación y 25 procedentes de vacantes.

Así lo ha indicado el presidente del CPB y diputado provincial de Seguridad y Emergencias, Manuel Marmolejo, quien ha explicado que una vez aprobado el presupuesto del organismo y después de su publicación en el boletín oficial, "de inmediato" podría sacarse esta oferta que, entre otros aspectos, permitiría abrir el parque de Cómpeta o reforzar el de Vélez-Málaga.

Este asunto se ha debatido ante sendas mociones de Adelante, aprobada en su mayoría; y del PSOE, que no ha salido, aunque los socialistas sí se han mostrado de acuerdo con esa oferta pública de empleo. "Aportamos soluciones, pedimos más financiación, todos coincidimos en que hay una necesidad importante de solucionar los problemas", ha apuntado el diputado del PSOE Manuel Chicón.

Durante el debate, el responsable del Consorcio ha lamentado que "los propios interinos no permiten que se abra una oferta pública", incidiendo en que por el equipo de gobierno la sacaría "mañana mismo porque "70 nuevas plazas hacen mucha falta". En este punto, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha abogado por "tirar para adelante" con dicha oferta pública de empleo: "Es necesario romper el circulo vicioso en el que estamos".

Marmolejo ha admitido que el Consorcio tiene dos problemas: la estabilidad del personal y no poder invertir por el techo de gasto pese a tener 19 millones para ejecutar inversiones. Así, ha manifestado que están "buscando la fórmula" para avanzar y desbloquear la situación que permita invertir en nuevos camiones y equipos: "Para mí es tan importante el solucionar la problemática salarial del Consorcio como la del material, que ya está envejecido por el propio desgaste".

Respecto a la consolidación de los puestos de trabajo de los interinos, ha invitado a volver a la mesa de negociación y "ver cómo solucionarlo, qué fórmula buscar a través de un concurso público regulado por un marco legal; habrá que sentarse con las administraciones para ver esto y dar cobertura a los 236 bomberos". La portavoz de Adelante, Teresa Sánchez, ha lamentado que el 90 por ciento de la plantilla está sumida en la temporalidad, "a expensas de un prometido proceso de consolidación que nunca llega", reclamando al equipo de gobierno que acabe "con la discriminación salarial mediante el aumento hasta la equiparación de las condiciones de toda la plantilla". Al respecto, Marmolejo ha incidido en que las nóminas se cobran "puntualmente" y que "no hay discriminación". "La mochila es el complemento personal transitorio que paga cada ayuntamiento, como el de Estepona; y la Diputación igual. Ese concepto no es equiparable", ha dicho.

Lo que "no se pude mantener", según el diputado, es el sistema de gratificaciones mensuales en horas de refuerzo que suponen 210.000 euros al mes, más de 2,2 millones al año. "La gratificación de junio siempre se paga en agosto y esa es la que no se ha pagado por una modificación de crédito pero se garantiza el pago", ha aclarado, añadiendo que con las nuevas plazas no tendría que pagarse tantas horas extra. El portavoz de Cs, Juan Cassá, ha considerado que las subidas salariales de trabajadores deben abordarse en otros órganos y con los sindicatos y no en los plenos: "Normalmente cuando los partidos se meten es para sacar rédito político y armar ruido".

Los representantes de PP y Cs han señalado que la Junta General del CPB es donde deben abordarse estos asuntos, incidiendo el socialista en que el equipo de gobierno se ha comprometido en dicha junta a sacar la oferta de empleo público. En este punto, la representante de Adelante ha pedido que se cambien los estatutos para que su grupo forme parte y estén todas las fuerzas políticas representadas.

EMERGENCIA CLIMÁTICA

El Pleno de la Diputación ha aprobado por unanimidad la moción de Adelante para declarar el estado de emergencia climática en la provincia, apoyando las movilizaciones del 27 de septiembre a nivel mundial. El diputado de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático, Cristóbal Ortega, ha indicado que el grupo 'popular' está de acuerdo y aunque ha precisado que no se quiere "crear un alarmismo" sí ha abogado por "tomar medidas", aclarando que la institución lleva "varios años" trabajando en acciones de mejora de la situación climática.

La portavoz de Adelante ha aludido a las "evidencias concluyentes" que alertan de las consecuencias para el ecosistema de haber "superado los límites en cuanto a capacidad de extracción de recursos renovables y no renovables del planeta y de absorber los residuos", lo que provoca la extinción "masiva" de especies y altera "gravemente el equilibrio de la atmósfera y el mar".

Ortega ha recordado las campañas informativas "para explicar a la provincia la realidad de la emergencia climática". "Es algo que ya se viene trabajando porque se han puesto en marcha infinidad de iniciativas, colaboraciones con asociaciones, jornadas, talleres de sensibilización y dinamización; iniciativas que seguimos impulsando", ha defendido el diputado, quien también ha añadido que la Diputación está llevando a cabo el cambio de las luminarias a LED, además de fomentar el reciclado y reducir la huella de carbono.

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El 'popular' ha anunciado también que el próximo 17 de octubre Málaga acogerá unas jornadas sobre emergencia climática a la que asistirán alcaldes de toda España. La diputada de Adelante ha agregado que es "urgente frenar "esta deriva consumista que provoca esta contaminación": "Si no ponemos pie en pared va a tener consecuencias nefastas para la provincia y todo el planeta".

OTRAS MOCIONES

La financiación local y autonómica también ha formado parte de este primer pleno ordinario, con referencias a las previsibles elecciones generales en España el próximo 10 de noviembre, las cuartas en cuatro años.

Cs ha presentado una moción urgente para que el Gobierno "acabe con la injustificada situación de parálisis y bloqueo de la financiación autonómica", que ha salido adelante con el voto de su socio de gobierno, el PP; y de Adelante; al igual que la de los 'populares', que reclaman en su iniciativa que el Ejecutivo socialista en funciones abone la deuda con Málaga, que cifran en 300 millones, correspondiente a la Participación en Ingresos del Estado (PIE) y del resto de recursos financieros que corresponden a la provincia.

El portavoz del PSOE, José Bernal, ha señalado que esta moción "política" del PP no se puede presentar en la Diputación; "pretende "horadar al Gobierno socialista de España". "Están planteando como deuda algo que no es más que la actualización de la PIE, que no puede venir porque no hay presupuestos, están prorrogados", ha dicho, agregando que la mayor "paradoja" es que el PP pide "al Gobierno del PSOE que haga justamente lo que el PP le ha estado negando con Rajoy a las corporaciones locales y autonómicas".

El portavoz del PP, Francisco Oblaré, ha recordado que Sánchez gobierna "con unos presupuestos de Rajoy porque ha sido incapaz también de sacarlos". "Sánchez no es capaz de ponerse de acuerdo con nadie, tenía cuatro opciones y no ha sido capaz de dar estabilidad al país y en este tiempo ha estado chantajeando y racaneando", ha lamentado. Por otro lado, los socialistas han criticado que el equipo de gobierno haya rechazado instar a la Junta a activar mecanismos legales para proceder a la subrogación de las 73 trabajadoras de cinco escuelas infantiles de Andalucía, diez de ellas de una de Torrox, para que sean reincorporadas a sus puestos de trabajo.