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Ad Libitum con Javier Pereda. Hoy: Prelaturas

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La legislación canónica prevé la equiparación de las Iglesias particulares o diócesis a otras estructuras jurisdiccionales eclesiásticas como la prelatura territorial. Ésta, antiguamente denominada “prelatura nullius dioecesis” (exenta de cualquier otra jurisdicción), cuya atención se encomienda por especiales circunstancias a un prelado, viene a subrayar el criterio de delimitación territorial. Existe una cuarentena de prelaturas territoriales, en su mayoría en Brasil y Perú, pero también en Filipinas y Europa. Por necesidades pastorales, alguna prelatura territorial evolucionó de facto al carácter personal —aspecto que sirvió de inspiración legislativa a los padres conciliares—, como los Ordinariatos castrenses y la “Mission de France” o Prelatura de Pontiny (1954). Con el Concilio Vaticano II se constituyen “peculiares diócesis o prelaturas personales”, mediante la aprobación del Decreto “Presbyterorum ordinis” (7.XII.1965) y el Motu Proprio “Eclesiae Sanctae” (6.VIII.1966); estas estructuras jerárquicas vienen a completar el vacío legal del Código de Derecho Canónico de 1917 y se incorporan en el de 1983. Esta peculiar circunscripción eclesiástica la erige la Santa Sede, para la atención de “peculiares obras pastorales o misionales”; y está gobernada por un prelado (dignatario eclesiástico con potestad de jurisdicción, en virtud del cargo). El prelado representa el ordinario propio y gobierna con jurisdicción sobre los clérigos y laicos de la prelatura personal. La diferencia entre la prelatura personal y la territorial radica en la distinta forma de ejercer la jurisdicción, como su propio nombre indica. Las relaciones entre las distintas potestades del obispo diocesano y el prelado personal se recogen en los Estatutos; éstas serán mixtas y no cumulativas (sobre las mismas personas y materias distintas). No obstante, la prelatura personal precisa de la autorización de cada obispo diocesano para ejercer su tarea pastoral. Las prelaturas personales dependen de la Congregación para los Obispos, como las Iglesias particulares, y se regulan mediante sus Estatutos. La primera —de momento la única— prelatura personal es la del Opus Dei, erigida por Juan Pablo II el 28 de noviembre de 1982 —ahora comienza el 40 aniversario—, mediante la Constitución Apostólica “Ut sit”. San Josemaría es reconocido en su predicación, desde el 2 de octubre de 1928, como el precursor de la llamada universal a la santidad y la misión de los laicos en la Iglesia, que más tarde confirmarían los documentos conciliares. El itinerario jurídico de esta institución de la Iglesia —largo, complejo, tortuoso, fruto del carisma fundacional y no del capricho o privilegio— supone la armonización de la historia y la defensa de un carisma con un estatuto jurídico adecuado. Ya en la primavera de 1936, Pedro Casciaro, uno de los primeros de la Obra, relata cómo en la iglesia del Real Patronato de Santa Isabel, en Madrid, el entonces joven sacerdote le señaló con el índice dos lápidas funerarias: “Ahí está la futura solución jurídica de la Obra”. Las lápidas eran de dos prelados españoles, capellanes del rey, vicarios generales de sus ejércitos (dos ordinarios militares), que gozaban de una peculiar y extensa jurisdicción eclesiástica, de carácter personal, no territorial. Irrumpía entonces un mensaje revolucionario para asumir los compromisos bautismales (santidad personal y apostolado) en la vida ordinaria, que chocaba con el ambiente social, ascético, teológico y jurídico de los años 30 del siglo pasado, orientado a apartarse del mundo para incorporarse al estado religioso. La primera aprobación diocesana “in scriptis” del Opus Dei como Pía Unión, el 19 de marzo de 1941, la realizó el obispo de Madrid, Mons. Eijo y Garay, ante la campaña organizada y sistemática de incomprensiones y calumnias. Con la erección también diocesana de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz el 14 de febrero de 1943, tras la obtención del “nihil obstat” pontificio, se encontró la solución a la incardinación de sacerdotes provenientes de los fieles laicos. Para la expansión apostólica a otros países era preciso una configuración jurídica universal que superara el ámbito diocesano, con la aprobación como Instituto Secular de derecho pontificio en 1947 y 1950; era la solución menos inadecuada: se concedió con ánimo de recuperar. En 1974 ya se tenían esencialmente elaborados los Estatutos para obtener la aprobación jurídica definitiva, que constituyó durante 54 años la “intención especial” del Fundador, que vería realizada en el Cielo. La Prelatura del Opus Dei viene a señalar el carácter secular de esta institución y de sus peculiares apostolados, en servicio de la Iglesia.


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