“Nuestra vocación no nos puede costar la vida”: educadores de centros de menores denuncian falta de medios tras una nueva agresión en Huelva

La reciente agresión sufrida por una trabajadora en un centro de protección de menores ha vuelto a encender las alarmas entre los educadores sociales. Los profesionales denuncian que la falta de medios humanos y económicos los deja desprotegidos ante situaciones de riesgo que, lamentablemente, no son aisladas. 

Lydian Guerrero, compañera de la agredida, insiste en desmentir informaciones difundidas por algunos medios: “Nuestros centros no están saturados y los menores son de origen nacional, no se trata de MENAS”. Lo que sí recalca es que el problema real radica en los recortes aplicados por la Junta de Andalucía, que dificultan el trabajo diario y ponen en peligro tanto al personal como a los propios chicos.

Actualmente, explica, en algunos turnos de noche una sola persona se queda a cargo de cuatro menores. Eso fue lo que ocurrió el día de la agresión: la trabajadora escuchó ruidos en una habitación, se acercó a ofrecer una tila a un joven que decía estar nervioso, y mientras preparaba la infusión, otro menor la sorprendió por la espalda aplicándole la técnica del mataleón. La dejó inconsciente y, al despertar, volvió a intentar estrangularla antes de robarle las llaves y el móvil.

“Trabajamos lo mejor que podemos y sabemos hacerlo, pero si desde la Junta se recorta y no se dan medios suficientes, nosotros no podemos hacer más”, asegura la profesional.

La situación, añaden, se agravará a partir del 1 de octubre, cuando entre en vigor una nueva licitación que suprimirá un educador y media jornada de trabajadora social. Hoy el centro cuenta con seis educadores, una trabajadora social, psicóloga y director, pero para funcionar con garantías serían necesarios al menos ocho educadores, un director, trabajadora social, psicóloga y gobernante.

Los profesionales reclaman también un protocolo de actuación y herramientas básicas de seguridad, como el botón del pánico. “Estamos desprotegidos, y si no nos protegemos nosotros, no podemos proteger a los menores”, lamentan.

Las diferencias entre centros públicos y privados son, además, notables: salarios más bajos, menos días de asuntos propios y ninguna consideración como agentes de la autoridad. La precariedad laboral se une así a la inseguridad física.

Los educadores recuerdan que ya trasladaron esta problemática a la Diputación, aunque la moción fue rechazada con los votos en contra del PP y la abstención de Vox. Entonces se llegó a afirmar que en los centros de protección de menores no se producían agresiones, algo que la realidad ha desmentido.

“Lo verdaderamente relevante es que no podemos ir a trabajar con miedo. Nuestra vocación no nos puede costar la vida”, concluyen.