La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha des-tacado hoy el compromiso del Gobierno andaluz en la atención a la infancia, que tiene su reflejo en en anteproyecto de Ley de la Infancia y Adolescencia de An-dalucía aprobado esta semana en Consejo de Gobierno y en el que se recoge un presupuesto de 2.500 millones. “Sanidad y Educación soportan el grueso de la inversión, ya que estamos hablando de cuestiones como el acceso a la sani-dad, las vacunas, la atención temprana o el derecho a la educación y la gratui-dad de recursos para familias en riesgo de exclusión”, ha explicado la consejera. Pero también, ha añadido, “desde Fomento, para hacer nuestras ciudades se-guras para la infancia y, por supuesto, la Consejería de Igualdad, Políticas So-ciales y Conciliación, desde la que se coordinan todas las políticas de protec-ción, ayudas económicas familiares o renta mínima”.

Así lo ha informado la consejera durante un encuentro telemático mantenido en Huelva con una treintena de colectivos de atención a la infancia, a quienes les ha presentado el anteproyecto de Ley, que ahora inicia su trámite parlamentario. La norma, ha asegurado Ruiz, “nace con la vocación de dar voz a los niños, niñas y adolescentes, fomentando su participación en la sociedad”. De esta forma, esta nueva norma sustituye a la Ley 1/1998, de 20 abril y para su redac-ción se han tenido en cuenta los cambios sociales y la evolución de la propia sociedad durante estos más de 20 años.

Esta ley tiene como objetivo garantizar la protección a la infancia y adolescencia, atender las necesidades que ya venían existiendo, así como las que han ido surgiendo en tiempos más recientes, regular los derechos y deberes que asisten

a las personas menores de edad y definir el ámbito competencial de la Adminis-tración de la Junta de Andalucía en esta materia, creando escenarios para la participación infantil.

Para ello se crea un órgano de participación, el Consejo Andaluz de niñas, niños y adolescentes, donde puedan expresar sus opiniones, intercambiar ideas, re-flexionar sobre los problemas que les atañen, adoptar acuerdos y efectuar pro-puestas. Según esta Ley, las personas menores de edad tienen que poder ser protagonistas de sus derechos e iniciarse como ciudadanos y ciudadanas que participen en la sociedad, asumiendo un rol activo, para lo que se les reconoce capacidad y se propicia que adquieran autonomía.

Igualmente, la ley aborda el derecho fundamental a ser oído y escuchado que la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero modificó. Los interlocutores del menor deben interpretar y atender lo que tiene que decir y ello en función de su sufi-ciente madurez y, en todo caso, cuando tenga doce años de edad.

Protección

Rocío Ruiz ha insistido en la ley pretende atajar las situaciones de desprotección y desamparo de los menores y que se convierta en un instrumento par ala lucha contra la pobreza infantil. En este sentido, ha asegurado que “la protección del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen en el ordena-miento jurídico es una de las más complejas por la rápida evolución de nuevos escenarios de comunicación y de difusión de imágenes de hoy en día”. Por ello, la Administración de la Junta de Andalucía adquiere el compromiso de diseñar estrategias que ayuden tanto a los padres, madres y tutores como a la comuni-dad educativa para afrontar y gestionar las situaciones que se derivan de estos espacios virtuales: redes sociales, consumo, juegos de azar y apuestas, ocio, videojuegos, etcétera.

En relación con la atención residencial, se define un modelo donde priman la calidad y calidez de las actuaciones, se establecen unos límites mayores que en la normativa estatal en coherencia con la apuesta decidida de esta Comunidad por el acogimiento familiar.

Por otro lado, se limita la edad para el ingreso en centros de protección especí-ficos de menores con problemas de conducta, para lo que se establece la edad

mínima de 13 años; se regula la obligatoriedad de los seguimientos postadopti-vos tanto en casos nacionales como internacionales con una periodicidad se-mestral al menos; y se establece que las entidades públicas ofrecerán progra-mas de preparación para la vida independiente para menores que se encuentren con una medida de protección, que comenzarán al menos dos años antes de su mayoría de edad y hasta los 25 años.

En cuanto a la lucha contra la pobreza infantil, Ruiz ha asegurado que “en An-dalucía uno de los principales problemas es la pobreza infantil, un 30% de la población andaluza, de ellos casi 800.000 niños, están en una situación terrible que hay que prevenir y esta ley va a ser nuestro marco legal para la lucha contra la pobreza infantil y la exclusión, a intentar frenar esas situaciones de pobreza heredada durante generaciones”.

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Plan de Infancia y Adolescencia

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, al objeto de la pla-nificación de estas actuaciones, dispondrá un Plan de Infancia y Adolescencia de cuatro años de duración que determine las políticas públicas para lograr el bienestar y calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes. Este plan contará con la colaboración de todas las Administraciones Públicas de Andalucía y con la participación de la ciudadanía, entidades de iniciativa social y, especialmente, con la infancia y adolescencia.

La ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía se compone de 141 artículos distribuidos en 6 títulos, 10 disposiciones adicionales, una disposición transito-ria, una disposición derogatoria y 2 disposiciones finales.