El Ayuntamiento de Granada celebrará el Pleno del Defensor del Ciudadano y presentará el Informe Anual de 2024

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, presidirá el próximo martes 22 de abril el Pleno del Defensor del Ciudadano, una sesión que se celebrará en el Ayuntamiento de Granada y en la que el Defensor del Ciudadano, Manuel Martín, presentará el Informe Anual correspondiente al año 2024. Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, la sesión plenaria servirá como espacio de reflexión y compromiso institucional con los principales retos sociales de la ciudad, tales como el acceso a la administración local, la vivienda, el empleo y los problemas de suministro eléctrico en la zona Norte. El Defensor del Ciudadano, Manuel Martín, detallará los datos y conclusiones del informe anual, y será la alcaldesa quien cierre el pleno, reafirmando su compromiso con una gestión municipal cercana, ágil y centrada en las necesidades reales de los granadinos. "Mi compromiso es acercar el Ayuntamiento al ciudadano, haciéndolo más ágil ofreciendo acompañamiento y asesoramiento", ha avanzado Carazo. En esta línea, la alcaldesa ha subrayado su apuesta por una administración más accesible, apoyada en la digitalización, pero sin olvidar a quienes tienen mayores dificultades para el uso de herramientas tecnológicas. Asimismo, ha destacado las medidas adoptadas para mejorar la atención presencial, eliminando barreras como la cita previa obligatoria y ampliando servicios como la asistencia 'in situ' y la atención "sobre la marcha" en distintas oficinas municipales. Uno de los puntos centrales del Pleno será el análisis de la situación en la zona Norte, donde los usuarios se ven afectados por continuos cortes de luz. La primera edil ha adelantado que seguirá "liderando debates y dando una respuesta coordinada a través de un pacto que implique a todas las administraciones, con los colectivos y asociaciones implicadas, para obtener soluciones globales". En este sentido, Carazo ha valorado los avances logrados con la puesta en marcha de un canal directo con la compañía suministradora y el refuerzo de personal en el centro cívico para atender a personas especialmente vulnerables, como las electrodependientes. La vivienda será otro de los ejes del encuentro, y en este campo la alcaldesa ha reiterado su compromiso con la promoción de vivienda social y protegida. "La vivienda también es un asunto que requiere consenso. En un año y medio hemos aprobado 1.912 licencias, actualmente tenemos en tramitación 566, y de ellas 1.314 son viviendas protegidas y a precios asequibles que se están tramitando actualmente en la ciudad, más del 50 por ciento, porque creemos que Granada debe actuar ante el déficit de viviendas de este tipo tan reclamadas en este momento", ha señalado. Por último, la alcaldesa ha recordado que el impulso al empleo pasa por atraer inversión y fomentar el crecimiento económico local. En este sentido, ha puesto en valor el papel de la Oficina Aceleradora de Proyectos y la colaboración con la Universidad de Granada, con iniciativas que apuntan a grandes proyectos estratégicos como la candidatura a Capital Cultural Europea 2031. "Confío en que, en los asuntos fundamentales para Granada, estemos todos unidos para conseguir una ciudad más próspera y solidaria, implicando a todas las administraciones, cada una en el marco de sus competencias", ha concluido Carazo.

El Ayuntamiento de Granada se adhiere a la Declaración Institucional con motivo del Día Nacional de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, prevista el 3 de mayo, impulsada por la Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP), por lo que se compromete a construir "desde la acción local una sociedad más inclusiva y justa para todas las personas, donde la diversidad sea reconocida como un valor y cada persona pueda desarrollar su vida con autonomía, igualdad y dignidad".

Así reza en el texto aprobado por los portavoces de los grupos políticos con representación municipal en el Ayuntamiento de Granada, PP, PSOE y Vox, con el cual manifiestan que "es momento de transformar el compromiso en acciones concretas que garanticen un futuro sin barreras ni exclusiones", en respuesta al llamamiento hecho a los gobiernos locales para que reafirmen su compromiso con los principios y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, según una nota del Ayuntamiento.

En el acuerdo de adhesión se recuerda que el Día Nacional de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado en Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2019 y posteriormente ratificado en 2007 para posteriormente, el 3 de mayo de 2008, incorporar su contenido en el ordenamiento jurídico español.

Se considera que fue "un avance significativo en la garantía de derechos para las personas con discapacidad", en tanto que permitió "su integración en el sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, el reconocimiento de la discapacidad como una cuestión de derechos fundamentales y la creación de un marco legal exigible".

La declaración institucional alerta de que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España, "con cuatro millones de personas con discapacidad, solo una de cuatro en edad laboral tiene empleo, y un millón y medio de estas personas se enfrenta a barreras para desplazarse en su vivienda, edificios y su entorno, por lo que insta a los gobiernos locales a, además de promover la participación activa de las personas con discapacidad en la toma de decisiones que afectan a su vida y su comunidad, a invertir en entornos accesibles y soluciones innovadoras que favorezcan su autonomía".

El Ayuntamiento de Granada se compromete con su adhesión a este texto institucional a cumplir estos compromisos, a la vez que incorporará en sus políticas medidas dirigidas a "garantizar la accesibilidad universal, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la plena inclusión de las personas con discapacidad en la vida social, económica y cultural de la ciudad".

La lucha contra la discriminación laboral de las personas con discapacidad, con medidas como el cumplimiento de la reserva de plazas ofertadas de empleo público, y el impulso de políticas públicas de vivienda dirigidas a las mismas son algunas de los compromisos adquiridos con la firma de esta declaración institucional.

La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad se sustenta, como recoge el texto secundado, en principios como la defensa de "dignidad, autonomía, igualdad de oportunidades, la no discriminación, la accesibilidad y la participación inclusiva", así como promueve "la igualdad de género y el respeto a la identidad y el desarrollo de la infancia con discapacidad".

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