La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Córdoba ha mostrado este lunes su rechazo y oposición al contenido del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, al tiempo que no descartan la paralización de la actividad.

Los letrados consideran que no recoge las fundamentales medidas propuestas por la Abogacía a través de su Consejo General y contener, en su mayoría, "medidas claramente ineficaces para prepararla ante la progresiva reactivación del funcionamiento de juzgados y tribunales", así como "resultar gravemente perjudicial para la salvaguarda del derecho de defensa de los justiciables".

En consecuencia, solicitan al Gobierno de España su "inmediata derogación y la adopción de medidas legales y organizativas realistas, consensuadas con todos los profesionales intervinientes en la Administración de Justicia".

La junta de gobierno considera que "esta última medida resulta claramente contraproducente; lejos de contribuir a solucionar el atraso acumulado en la tramitación de los procedimientos, impedirá el pleno rendimiento del sistema judicial

En caso contrario, avisan con "adoptar las medidas que se consideren necesarias, sin descartar incluso aquellas que llevaran aparejadas la paralización de la actividad profesional, garantizándose en todo caso los derechos de los justiciables que resulten inaplazables".

Además, solicitan al Ministerio de Justicia que "establezca con carácter inmediato un calendario para la reanudación progresiva de la actividad judicial, con la incorporación de todos los funcionarios necesarios".

Con respecto a la habilitación de los días 11 a 31 del mes de agosto de 2020, dispuesta en el artículo 1 del Real Decreto-Ley, piden al Ministerio de Justicia que "en cualquier caso el mes de agosto se mantenga como inhábil, con las excepciones legales previas existentes", y que "se concentren en ese mes las vacaciones de todos los funcionarios de la Administración de Justicia, como medida más eficaz para la vuelta a la normalidad en su funcionamiento".

"Esta medida en tanto que salvaguarda las vacaciones de jueces, magistrados, miembros del Ministerio Fiscal, letrados de la Administración de Justicia y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, irrefutablemente las niega a todos los abogados, vulnerando su derecho constitucional al descanso y a la conciliación familiar", según exponen desde el Colegio de Abogados.

La junta de gobierno considera que "esta última medida resulta claramente contraproducente; lejos de contribuir a solucionar el atraso acumulado en la tramitación de los procedimientos, impedirá el pleno rendimiento del sistema judicial durante varios meses consecutivos, contribuyendo en consecuencia a agravar la situación actual".

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Asimismo, reclaman a las administraciones competentes que "antes del reinicio progresivo de la actividad judicial se adopten las medidas necesarias de protección higiénico sanitarias, con dotación de medios materiales de protección --mascarilla, guantes y gel desinfectante-- a todas las personas que hagan uso de las sedes judiciales, y antes de su entrada en las mismas".

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En caso contrario, "se adoptarían las medidas oportunas de amparo y protección colegial a los letrados que se negaran a practicar diligencias judiciales presenciales sin que previamente se hubiera dotado por la administración de las necesarias medidas de protección", apuntan desde el Colegio de Abogados.

Entretanto, reiteran su "compromiso en la defensa de los intereses de la ciudadanía, de las empresas y la sociedad en su conjunto, mediante el trabajo y plena disposición de todos y cada uno de los abogados en la defensa diaria y permanente de los derechos de sus clientes".