CCOO y UGT denuncian que esta muerte podría sumar la 12 en el balance de siniestralidad laboral de 2025

El joven de 33 años perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica en el desmontaje de una atracción de feria

Una patrulla de la Guardia Civil en Ochavillo del Río

Europa Press

Una patrulla de la Guardia Civil en Ochavillo del Río

Fran Durán

Córdoba - Publicado el - Actualizado

3 min lectura

La feria de Ochavillo del Río, una pequeña localidad cordobesa perteneciente a Fuente Palmera, se ha visto sacudida por una tragedia que ha vuelto a poner en evidencia la fragilidad de las condiciones laborales en ciertos sectores. Un trabajador de 33 años falleció en la noche del lunes tras sufrir una descarga eléctrica mientras desmontaba una atracción de feria. Según ha relatado a COPE el presidente de la ELA de Ochavillo del Río, Manuel Arjona, fue el propio padre del joven quien pidió ayuda a su hijo para desenganchar la atracción del cuadro eléctrico, ya que contaba con experiencia previa como electricista. El suceso, que tuvo lugar en torno a las 21:00 horas, y está siendo investigado por la Guardia Civil.

Si se confirma que la empresa a la que pertenecía está radicada en la provincia, este accidente se convertiría en la duodécima muerte laboral registrada en Córdoba en lo que va de 2025. Una cifra especialmente alarmante porque ya iguala a la de todo el año anterior.

El impacto de lo ocurrido ha sido profundo no solo en el entorno más cercano del fallecido, sino también en el conjunto del sector feriante, donde la precariedad y la exposición al riesgo conviven a menudo con la falta de medidas adecuadas de protección. CCOO y UGT han trasladado su pésame a la familia, amigos y compañeros del joven, al tiempo que han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de actuar con urgencia para frenar una tendencia preocupante.

Riesgo eléctrico: un peligro subestimado  

Desde ambos sindicatos se ha subrayado que la manipulación de circuitos eléctricos requiere protocolos de seguridad muy estrictos. Entre las medidas básicas figuran el uso obligatorio de equipos de protección personal, la inspección y mantenimiento regular de las instalaciones, la implantación de sistemas de bloqueo y etiquetado, y sobre todo, una formación adecuada y continua sobre riesgos eléctricos. “El cumplimiento de estas normas no es opcional, es una cuestión de vida o muerte”, han advertido.

En el caso de las ferias, los riesgos se agravan. Las instalaciones eléctricas son muchas veces provisionales y móviles, y deben ser desmontadas y montadas con rapidez entre una feria y otra. Eso exige revisiones técnicas rigurosas antes de cada evento. “No solo está en juego la vida del personal que trabaja en las atracciones, sino también la de los propios usuarios”, han recordado desde UGT.

Un sistema que necesita más control  

Tanto UGT como CCOO han señalado que este nuevo accidente es otro síntoma de un problema estructural: la falta de control y seguimiento efectivo de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales. La pasada semana, ambos sindicatos remitieron un escrito a la Subdelegación del Gobierno y a la Delegación de la Junta de Andalucía en Córdoba exigiendo un refuerzo inmediato de las inspecciones y el diseño de nuevos mecanismos de prevención.

En el documento, advertían del “ritmo alarmante” al que se están produciendo fallecimientos en el entorno laboral cordobés. Piden que se analicen en profundidad las causas de cada accidente y que se impulsen políticas más decididas para proteger a los trabajadores, en especial en sectores más expuestos como la construcción, el campo o, como en este caso, las actividades vinculadas a eventos y espectáculos.

Un silencio que se repite  

Por ahora, no se han hecho públicos más detalles sobre la empresa para la que trabajaba el joven ni sobre las circunstancias exactas del accidente. La investigación en marcha será clave para depurar responsabilidades, si las hubiera, y determinar si se produjo alguna negligencia en la aplicación de los protocolos de seguridad.

Mientras tanto, Córdoba suma una nueva víctima laboral en un contexto que cada vez preocupa más a los agentes sociales. Doce muertes en poco más de siete meses no pueden considerarse una estadística sin consecuencias. Cada caso es una historia truncada, una familia destrozada y un sistema que, pese a las advertencias reiteradas, sigue fallando en su deber más básico: proteger la vida de quienes trabajan.

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