La localidad almeriense de Vera lleva los últimos años sufriendo la okupación ilegal de viviendas. Se ha convertido en un problema de orden público que está generando gran alarma social. El edil de Seguridad Ciudadana, Alfonso García, ha explicado en COPE Almería que, según los datos orientativos de los que dispone el Ayuntamiento, se han constatado entre 100 y 150 ocupaciones en cerca de una quincena de edificios.

Uno de ellos es 'La Cárcel'. Se trata de un inmueble situado en la calle Carlos V que, por sus características- muros altos, material prefabricado... recibe este nombre. “Da sensación de sitio muy cerrado”, señala el concejal quien añade, además, que “es propiedad de la Junta destinado en su día a viviendas sociales”. Quienes “habitan” en la actualidad en sus pequeños apartamentos son sobre todo personas en riesgo de exclusión social: muchos inmigrantes magrebíes y vecinos y familias de municipios o provincias cercanas a quienes han echado de otros pisos ocupados, “algunos con antecedes policiales”, apunta García.

LOS VECINOS NO PUEDEN MÁS. DE 'LA CÁRCEL' AL EDIFICIO 'PAWUI'

El 90% de las viviendas ocupadas son propiedad de bancos y fondos buitre.

No sólo 'La Cárcel' está tomada por los okupas, también otros bloques como el edificio 'Pawui'.

Los vecinos no soportan la situación. Roberto ha contado en COPE que resulta imposible poder dormir por los ruidos que generan las personas que viven ilegalmente en las viviendas que estaban deshabitadas. Se queja de que “no paran de montar follones, dan portazos a lo bestia, los niños gritan...”. Así mismo comenta que “es continuo el trajín con furgones, hay basura por todas partes, críos meando por los balcones, tirando pañales al suelo… etc”. Y, por si esto fuera poco, Roberto lamenta tener que lidiar con situaciones de lo más incómodas como, por ejemplo, que acudan a su casa individuos “preguntando por droga”.

IMPOTENCIA Y MIEDO

Carmen Montoya es abogada y vive también en 'Pawui'. Asegura que se siente “como si fuera una intrusa en el edificio”. Esta vecina explica que los okupas hacen vida en las zonas comunes: “sacan sus sillas, guitarras, montan fiestas y los vecinos pues estamos encerrados en casa evitando enfrentarnos a ellos porque son gente difícil”.

Carmen reconoce tener miedo por si acaban ocupando su propio hogar. De hecho, indica que la vivienda ocupada que está al lado de la suya era de una persona que “estuvo pagando su hipoteca durante diez años”. Según señala, peleó y luchó por su casa ese tiempo y, a los pocos días de irse, intentaron entrar a vivir en ella de forma ilegal. No lo lograron hasta hace un par de semanas. “Cuando se personó la Guardia Civil ya habían cambiado la cerradura y no se pudo hacer nada”, afirma. Por eso, espera que se legisle y se modifique la ley con el objetivo de evitar la ocupación ilegal.

“Nos da igual quien viva al lado. Solo pedimos respeto”, dice. Añade también que las compañías eléctricas no hacen nada para acabar con los enganches ilegales. “De luz estamos pagando más de 400 euros de comunidad. Es un caramelito para las eléctricas”, concluye.

EL AYUNTAMIENTO DE VERA TOMA MEDIDAS... LAS QUE PUEDE

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La okupación en Vera está ocasionando tensiones, delincuencia, suciedad...

Desde el Ayuntamiento señalan que los vecinos tienen miedo y algunos sufren amenazas.

El concejal de Seguridad reclama más capacidad de acción en el ámbito local y supramunicipal. “Solo podemos evitar fraudes de cortes ilegales y, para ello, hablamos con las empresas que prestan el servicio”.

El Consistorio veratense ha creado un grupo de intervención policial para incrementar la sensación de seguridad en la zona. Son policías que complementan el servicio ordinario. Se ha constituido la primera Comisión Municipal Antiokupa que surge en España para luchar contra esta lacra social y se están llevando a cabo otra serie de medidas en las que tratan de implican y concienciar a la sociedad civil. Ya se ha creado incluso una asociación de vecinos “para ir juntos de la mano y que nos escuchen las administraciones”, explica el concejal.

La idea es proteger los derechos constitucionales de los legítimos dueños sobre las ocupaciones ilegales, y sobre todo, amparar a aquellos vecinos que padecen este tipo de situaciones, con los problemas que ocasionan en sus comunidades.