El Algarrobico cumple 20 años paralizado: una licencia aún vigente y un derribo que no llega

El hotel inacabado de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), ha cumplido este sábado 20 años desde que una decisión judicial obligó a paralizar sus obras. Convertido en un símbolo de la especulación urbanística, ha pasado de ser el "sueño de Carboneras" a una "pesadilla", en palabras de su actual alcalde, Salvador Hernández, de la que el municipio no parece despertar.

Una maraña judicial que no cesa

Fue una medida cautelar, solicitada por el colectivo conservacionista Salvemos Mojácar, la que detuvo los trabajos cuando el edificio estaba ejecutado al 95%. La asociación, a la que se unieron Greenpeace y Ecologistas en Acción, advertía de que la mole de hormigón se levantaba sobre terrenos protegidos e invadía la servidumbre de protección de 100 metros del dominio público. Con los años, la justicia les ha dado la razón.

De hecho, la cuestión urbanística parece zanjada después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) diera por cumplida la sentencia que obligaba al Ayuntamiento de Carboneras a clasificar los suelos como no urbanizables de especial protección, lo que impide legalmente nuevas construcciones.

La licencia que bloquea el derribo

Sin embargo, el inmueble sigue en pie mientras se intenta hacer cumplir otra sentencia clave: la que obliga al Ayuntamiento a revisar la licencia de construcción que concedió a la promotora Azata del Sol en 2003. Esta es la vía que la Junta de Andalucía considera predilecta para la demolición, pero los colectivos ecologistas han denunciado las "artimañas" del consistorio para demorarla.

Greenpeace considera que el expediente de revisión ha caducado al superar los seis meses de su inicio, lo que obligaría a reiniciar los trámites. La organización ecologista interpreta esta demora como una táctica municipal para aparentar el cumplimiento del fallo judicial sin que este llegue a materializarse.

El Gobierno central entra en acción

En paralelo, el Gobierno central ha decidido emprender una vía unilateral para hacerse con los suelos del hotel mediante expropiación parcial. El objetivo es recuperar la parte que se sitúa sobre el dominio público marítimo-terrestre, que corresponde a casi la mitad de la superficie total, unos 16.432 metros cuadrados.

El proceso también se ha trabado, con un abismo económico entre la oferta del Ministerio para la Transición Ecológica (16.500 euros) y la reclamación de la promotora Azata, que asciende a 44,5 millones de euros. Será un jurado provincial de expropiación el que fije la cantidad final.

La otra mitad del hotel se asienta en suelo protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, competencia de la Junta de Andalucía, que por ahora no ha iniciado ningún procedimiento. Mientras tanto, la maraña jurídico-administrativa, las expropiaciones en curso y el baile de cifras millonarias mantienen en pie uno de los hoteles más famosos de España sin haber alojado a un solo huésped.