El Instituto para la Transición Justa (ITJ) ha iniciado este jueves el proceso de participación pública que permitirá a los agentes sociales y económicos de la zona afectada por el cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos) contribuir de "forma activa" en la elaboración del Convenio de Transición Justa, cuyo periodo para enviar aportaciones finalizará el próximo 20 de junio.

El ITJ, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha remitido a los agentes sociales y económicos concernidos un documento informativo que "contiene la delimitación, caracterización y diagnóstico preliminares del área afectada por el cierre de esta central nuclear para que conozcan el procedimiento y puedan encauzar sus aportaciones", según informa un comunicado del Miteco.

No obstante, "se trata de un proceso transparente y abierto a las contribuciones de cualquier entidad o particular".

La participación pública, según el Miteco, permitirá la "identificación de proyectos para la reactivación económica de la zona" y constituye la base para la elaboración del Convenio de Transición Justa que "incluirá las mejores propuestas, seleccionadas en base a su capacidad de generar y fijar empleo sostenible en el medio y largo plazo".

Este hito cobra "especial sentido" para los 27 municipios que han sido incluidos en su zonificación preliminar, de los cuales 24 pertenecen a la Comunidad de Castilla y León -en concreto a las comarcas de Las Merindades, Bureba y Ebro y los tres municipios restantes al País Vasco, precisa el comunicado.

Los Convenios de Transición Justa son el procedimiento establecido por el Miteco, a través del Instituto para la Transición Justa, para "impulsar la generación de alternativas económicas en las comarcas afectadas por la transición energética".

El Miteco señala que resulta "importante" reseñar que "España es el primer país del mundo en incluir a los municipios afectados por el cierre de centrales nucleares en las zonas de transición justa".

El Convenio incluirá iniciativas y proyectos adecuados al territorio en términos ambientales, sociales y económicos activando la transición ecológica en cada punto y las fuentes de financiación y de apoyo económico adecuados en cada caso.

Los procesos participativos se dirigen a los agentes sociales y económicos, donde se incluye a las Administraciones públicas, organizaciones sindicales, empresas y organizaciones de los sectores empresariales.

Asimismo, también se tendrá en cuenta a universidades, centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales, agencias de desarrollo, grupos de acción local y demás entidades interesadas o afectadas.

Se trata, según el Gobierno, de "aunar la participación social con la profesionalización de los procesos".