El Gobierno aprobará previsiblemente mañana martes el proyecto de ley de Residuos y Suelos Contaminados, que introduce instrumentos económicos fiscales como un impuesto a la incineración y al depósito de residuos en vertedero, así como una tasa a los envases de plástico no reutilizables.

La futura normativa, que reemplazará la ley vigente de 2011, tiene por objeto prevenir y reducir el impacto de determinados productos de plástico en la salud humana y en el medio ambiente, con especial atención al medio acuático además de regular el régimen jurídico de la descontaminación de suelos.

De acuerdo con el principio de quien contamina paga, el texto establecerá nuevos impuestos, uno de ellos a los envases de plástico no reutilizables, a razón de 0'45 euros por kilogramo, y otro al depósito en vertedero e incineración, que podrá oscilar entre 1,5 euros a 40 euros por cada tonelada métrica.

Para minimizar el impacto sobre el medio ambiente de determinados productos de plástico, el proyecto de ley fijará un calendario de reducción de su peso, y así, los plásticos de un solo uso deberán pesar la mitad en 2026 respecto a 2022 y en 2030, tendrán que haber aligerado su peso en un 70 por ciento.

Asimismo incluirá entre sus propuestas, la reducción del desperdicio alimentario en, al menos, un 20 % en 2030 respecto a 2020 con medidas como el fomento de las donaciones y otras vías de redistribución alimentaria.

Otras de las medidas fijarán reducir para 2030 un 15 por ciento de los residuos que los ciudadanos generaban en 2010, con una reducción a la mitad del residuo alimentario en hogares, e incrementar las tasas de residuos municipales en 5 puntos porcentuales cada 5 años desde 2020, hasta alcanzar el 65 % en 2035.

La ley abordará también otras cuestiones como la prohibición de la destrucción de excedentes no perecederos, el fomento del consumo de agua potable, los bares y restaurantes quedarán obligados a ofrecer siempre agua de grifo, la obsolescencia prematura y la recogida separada de bioresiduos en 2022 para entidades locales con mas de 5.000 habitantes y en 2024 para las demás.

Antes de 2025, se implantarán nuevas recogidas separadas de textiles, enseres voluminosos, aceites de cocina usada y residuos domésticos peligrosos, fracciones que deben separarse en todos los ámbitos, y no solo en el de competencia municipal.

Además de esta regulación marco, para su posterior remisión al Congreso de los Diputados, donde iniciará su tramitación parlamentaria, el proyecto prevé la introducción de nuevas obligaciones de responsabilidad ampliada en productos como textiles, muebles, enseres, plásticos agrarios y determinados plásticos de un solo uso. EFE