El cambio climático dificulta el acceso al derecho internacional al agua potable y saneamiento que se ve intensificado en aquellas poblaciones pobres y con un accesos precarios, ha señalado en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25) el relator especial de la ONU en materia de agua potable y saneamiento, Leo Heller.

En este sentido, Heller ha añadido que "la emergencia climática no afecta a todos por igual" y, por eso, hay que "tener una mirada más concreta sobre los derechos humanos y cómo se ven afectados por el cambio climático".

Al respecto, la profesora de la Universidad Politécnica de Madrid experta en la protección de derechos fundamentales, Celia Fernández, ha destacado que el principal garante de que se cumplan estos derechos, "independientemente de la población" es el Estado y a es a él al que "debemos pedir responsabilidad".

La directora de Cooperación con América Latina y el Caribe de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Carmen Castiella, ha recordado que el cambio climático "tiene un gran impacto en los recursos hídricos" y por eso, aboga por la adopción de "medidas de adaptación y mitigación" como la reforestación de especies que protegen los recursos hídricos u obtener energías renovables en las distintas etapas del ciclo del agua.

Sin embargo, el cambio climático no afecta solo a los recursos hídricos del planeta sino que también y, tal y como ha señalado Heller, se ven afectadas "su calidad y su asequibilidad".

Asimismo, se ha destacado que no solo se ven afectadas las personas que viven en una situación "precaria" sino que también tienen especial "riesgo" aquellas que viven en "zonas costeras, áridas o tendencia a inundaciones" ya que las infraestructuras de agua y saneamiento "están colapsadas" y "quien lo paga son personas en situación de vulnerabilidad", apunta Heller.

Por su parte, la directora de la oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Adela Díaz, ha recordado que tanto España como Alemania han tenido un papel "fundamental para impulsar desde 2006 el reconocimiento de estos derechos" y que, "entre todos seguimos trabajando por ellos".