La Agrupación de Profesionales Taurinos Luchadores (APTL) ha impugnado ante el Tribunal de Contratación de la Comunidad de Madrid el concurso de adjudicación de la plaza de toros de Las Ventas "por vulnerar principios básicos en contratación pública tales como no discriminación y libre concurrencia".

El presidente de la APTL, José Montes, ha señalado a Efe que su asociación ha interpuesto un recurso especial en materia de contratación en el que alerta también de que los requisitos de solvencia que exige el pliego de condiciones están "alejados de la legalidad y de los parámetros de la buena fe".

Dicho pliego, publicado por la Comunidad de Madrid el pasado 18 de febrero, exige a las empresas concursantes avalar un volumen de negocio anual de cinco millones de euros y experiencia en gestión de plazas de primera categoría en los últimos tres años.

Para Montes estos requisitos "atentan" contra la libre concurrencia, ya que, a su juicio, el pliego se ha realizado "a medida" para las únicas dos empresas que según él pueden optar a la gestión de la plaza de Madrid: las UTE entre Nautalia y Simón Casas y la de la casa Chopera del grupo mexicano BAL.

"Que de más de 100 empresas taurinas que hay en España solamente se puedan presentar estos dos da una medida de la limitación de la concurrencia que se ha llevado a cabo con ese pliego", señala el representantes de la APTL.

En este sentido, el empresario se asombra y hace hincapié en lo "restrictivo" de este concurso al remarcar que otras grandes sociedades taurinas con tanta tradición e historia como la casa Lozano y la familia Matilla "no puedan acudir por sí solos a este concurso de adjudicación".

"Esto también da una idea de cómo es de perjudicial este pliego a los intereses de los empresarios", apostilla Montes.

Medidas cautelares y decisión en "dos o tres días"

Por todo ello y otros pormenores que aparecen reflejados en los más de 25 folios que componen el recurso, solicitan medidas cautelares de suspensión del procedimiento "para evitar daños de imposible o muy difícil reparación a potenciales licitadores".

El Tribunal de Contratación de la Comunidad de Madrid deberá ahora estudiar el caso, valorar si se han cometido irregularidades y tomar la decisión de suspender o no el procedimiento en un plazo de "dos o tres días", concluye Montes.

La APTL se ha convertido en los últimos tiempos en una de las asociaciones taurinas más activas, pues, además de impugnar otros pliegos como, por ejemplo, el publicado recientemente para concursar por la plaza de toros de Zaragoza, fue también la que denunció en 2020 al exministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes por un supuesta prevaricación y delito sobre el patrimonio histórico.

Aquella denuncia fue interpuesta por unas declaraciones que realizó el exministro en las que manifestó que "no debía fomentar ir a los toros, pero sí al teatro, porque es pacífico", aunque finalmente el Tribunal Supremo desestimó la querella al no considerar los hechos constitutivos de delito y por ser una opinión personal amparada en el ejercicio de la libertad.