Estos son los dos tipos de viviendas en las que entran los okupas: un policía explica qué pasa si los encuentras al volver de vacaciones

La okupación sigue siendo uno de los temas más candentes en el debate social y político en España. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 16.426 denuncias por intrusión en inmuebles, un 7,4% más que en 2023, cuando hubo 15.289 casos. Cataluña lidera esta problemática con 7.009 denuncias, seguida de Andalucía (2.207), Comunidad Valenciana (1.767) y Madrid (1.451). Estas cifras reflejan una tendencia al alza desde 2018, con excepción de un leve descenso en 2022 y 2023, lo que evidencia la persistencia de un fenómeno que genera alarma social y divide opiniones.

En este contexto, el agente de policía Eduardo Riego, conocido también por su faceta como luchador de artes marciales, ha aportado su perspectiva en el podcast The Wild Project, dirigido por Jordi Wild. Riego, cuya experiencia en el cuerpo policial le otorga autoridad en la materia, desmontó mitos y explicó los matices legales que rodean a la okupación, un problema que, según él, se ve agravado por vacíos legales y la lentitud de los procesos judiciales.

 La importancia de la "morada" y los tipos de okupación  

Uno de los puntos clave de la entrevista fue la distinción entre viviendas que constituyen "morada" y aquellas que no. Riego aclara que, si una casa es la residencia habitual o secundaria de su dueño, cualquier intrusión se considera allanamiento de morada, un delito penal que permite a la policía actuar de inmediato. "Si es tu casa y constituye tu morada, la persona que entra está cometiendo un delito y se le puede sacar", afirmó el agente.

Sin embargo, el problema se agrava cuando los okupas eligen inmuebles vacíos o propiedad de bancos, ya que en estos casos la ocupación se tipifica como usurpación, un delito leve que no conlleva detención inmediata. "Los okupas no son tontos. Buscan pisos que no son morada porque saben que las consecuencias son menores", explicó Riego.

Además, el policía destacó un tercer escenario: los "inquiokupas", inquilinos que dejan de pagar el alquiler pero se amparan en protecciones legales, especialmente si son considerados vulnerables. Este tipo de casos suele prolongarse en los tribunales, generando frustración en los propietarios.

 Empresas de desokupación

Riego critica el auge de las empresas privadas de desokupación, como Desokupa, que operan en un limbo legal. "Algo falla cuando empresas privadas hacen el trabajo que debería realizar la administración. La policía tiene las herramientas, pero los procesos judiciales son lentísimos", señala. Estas compañías, que prometen desalojos en 48 horas, utilizan métodos como la negociación económica con los ocupantes o el control de acceso (vigilancia en la puerta para impedir su reentrada), técnicas que, aunque legales, rozan la ética para algunos sectores.

El agente subrayó que, detrás de muchas okupaciones, existe una economía sumergida: "Hay quienes venden las llaves de pisos okupados o piden dinero para irse". Esta realidad, unida a la lentitud de la justicia, ha creado un caldo de cultivo para que florezcan negocios privados que, según Riego, no deberían ser necesarios.

 Propuestas para atajar el problema  

Para Riego, la solución pasa por revisar los vacíos legales y agilizar los procesos judiciales. "Habría que sentarse a analizar por qué una empresa privada resuelve en días lo que el Estado tarda meses", insistió. Además, abogó por diferenciar entre ocupaciones por necesidad y aquellas con fines lucrativos, ya que no todos los casos son iguales.

Mientras, los datos siguen mostrando una tendencia preocupante: el 2024 cerró con la tercera cifra más alta de denuncias por okupación de la última década, solo superada por 2021 (17.274 casos) y 2022 (16.765). Ante esto, voces como la del economista Gonzalo Bernardos denuncian que "en España sale más a cuenta ser okupa que propietario", criticando una legislación que, en su opinión, penaliza a los pequeños tenedores.