Las protestas del sector de la discapacidad han llevado al Gobierno a rectificar y dejar en punto muerto la eliminación de una parte de los incentivos para su contratación planteada por el Ministerio de Trabajo en un anteproyecto de ley que previsiblemente verá la luz sin penalizar a parte de los 4,5 millones de personas con discapacidad que hay en España. Solo 1 de cada 4 en edad de trabajar tienen un empleo, el 33 por ciento vive en situación de riesgo de pobreza, y, la situación, según explican en COPE las principales organizaciones, hubiera empeorado de aprobarse las medidas proyectadas.

Estaban recogidas en el borrador del “Anteproyecto de Ley por la que se regulan los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad”, al que ha tenido acceso COPE, y suponía la eliminación de las bonificaciones del cien por cien en el pago de la cuota a la Seguridad Social para los 100.000 trabajadores con discapacidad que trabajan en alguno de los 2.300 Centros Especiales de Empleo que hay en España y en los al menos 7 de cada 10 personas tienen una discapacidad reconocida. A esto se añadían menores incentivos para la contratación de este colectivo en la empresa ordinaria.

Máxima preocupación en las organizaciones de defensa de la discapacidad

“En cuanto conocimos el borrador público vimos lo preocupante que era y nos dirigimos de inmediato al Gobierno y a las Comunidades autónomas para denunciar lo catastrófico que era. Ahora lo último que sabemos es que la voluntad del Ejecutivo es dar un paso atrás y dejarlo todo como estaba” explica a COPE Daniel-Anibal García, secretario de finanzas de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

También desde el Consejo Español de Defensa de la Discapacidad (CEDDD) y la Dependencia habían mostrado una viva inquietud por el freno que suponía a las políticas de inclusión. Remitieron por ello una carta a la ministra de Trabajo Yolanda Díaz alertándole de las consecuencias de “operar una revisión sustancial de las bonificaciones para contratar a las personas con discapacidad (...) sin mediar diálogo alguno con entidades afectadas”.

En concreto, y según el escrito remitido por esta organización que agrupa a 3.000 entidades y asociaciones, “el anteproyecto recoge la sustitución de la bonificación del 100% de la cotización por unas cuantías básicas y mínimas, y no incorpora elementos de ponderación o de revisión de ningún tipo ante mayores salarios de los trabajadores”.

Como presidente del CEDDD, Albert Campabadal espera que Trabajo ratifique lo dicho por la ministra de Hacienda María Jesús Montero tras el consejo de ministros del pasado día 8 y es que “no hay voluntad de eliminar ninguna deducción que tenga que ver con la discapacidad (…) categóricamente no”.

Es algo importante, subraya el presidente del CEDDD, porque “lo planteado suponía el primer retroceso de las ayudas a las personas con discapacidad en los 37 años de existencia de los Centros Especiales de Empleo. Todo un hachazo a la empleabilidad de las personas con discapacidad que nadie esperaba”.

En Trabajo aseguran que las ayudas no están en cuestión

Fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por COPE apuntan a un posible mal entendido. Aseguran que nunca han estado en cuestión las ayudas y subrayan el texto del anteproyecto -que busca simplificar y ganar en eficacia con un marco jurídico único- está todavía en una fase muy preliminar de su recorrido e incorporará las conclusiones del Libro Blanco de la Discapacidad que se está ultimando.

El pasado viernes el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se felicitaba de que la aceptación por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES) sus demandas (coincidentes con las de las demás organizaciones) de forma a mantener en su integridad el marco vigente de bonificaciones a la contratación de personas con discapacidad.

¿Qué cambios introducía el borrador del anteproyecto?

Según la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), el recorte de las bonificaciones se producía por una triple vía: la primera al equiparar el empleo protegido de las personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo (CEE) con el empleo de las personas con discapacidad contratados en empresas ordinarias algo que consideran “discriminatorio”. La segunda, por la eliminación de las bonificaciones a los contratos de trabajo de empleo de personas con discapacidad de carácter temporal, tanto en los CEE como en las empresas ordinarias. Y, en tercer lugar, por la equiparación a la baja de las bonificaciones estableciendo unas ayudas mensuales para los contratos indefinidos de personas con discapacidad “totalmente insuficientes”.

Mar Aguilera, directora de la Fundación Alares que gestiona un Centro Especial de Empleo reconoce que “con el anteproyecto había cundido el pánico porque implicaba el cierre de Centros Especiales de Empleo y si no cierran pues iban a tener que prescindir de una parte importante de la plantilla y esto implica dejarlas fuera del mercado laboral porque la inclusión todavía no es efectiva”.

Según el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE de 2020, hay 462.700 personas con discapacidad asalariadas, de ellos 115.600 con contratos temporales y 347.100 con contratos fijos. En 2021 y según sus datos, se realizaron algo más de 114.000 contratos a personas con discapacidad, 3 de cada 4 de esos contratos se hicieron en Centros Especiales de Empleo y solo el 25 por ciento en la empresa ordinaria. Seis de cada diez personas que trabajan en un CEE tienen un contrato indefinido.

“Aunque sea temporal, el Contrato de Fomento del Empleo, que se emplea en la empresa ordinaria, es la herramienta más potente para convencer al empresario a que pruebe a contratar a una persona con discapacidad porque muchos no se atreven a contratar de primeras con un contrato indefinido. Es potentísimo como instrumento de inclusión laboral. Su función no es precarizar a una persona con discapacidad sino ayudarla a encontrar un trabajo. Es nuestra experiencia como intermediadores laborales” explica García.

Para Aguilera, que tiene reconocida una discapacidad física del 65 por ciento, los CEE “te dan experiencia y te hacen que seas independiente y que tengas un puesto de trabajo”.

En una de estos centros especiales trabaja María López, de 27 años y con una discapacidad del 35 por ciento por una cardiopatía congénita. Explica en COPE que valora lo que tiene porque “comprenden mis condicionantes y a diferencia de lo que ocurría en otros puestos de trabajo no me piden que cambie mis citas médicas ni me cuestionan algo que era también bastante habitual al tener una discapacidad invisible”.

Entre sus compañeros la posibilidad de que hubiera un cambio en las bonificaciones generó mucho desasosiego: “tengo compañeras que tienen una discapacidad del 95 por ciento y lo veían muy mal de dificultarse la contratación en los CEE que son su única oportunidad laboral”.

Los trabajadores en esos centros especiales tienen un seguimiento individualizado y cada puesto de trabajo se adapta a las necesidades de cada persona en función de su tipo de discapacidad: “a veces es solo una silla, pero en otros casos son pantallas con condiciones concretas que no son baratas o un programa de voz porque tiene un problema en las cuerdas vocales y no puede hablar bien”, señala López.

La empresa ordinaria está cada vez más inclinada a la gestión de la diversidad y a la riqueza que aporta, pero, según Quiroga, “aún hay margen para eliminar estereotipos y generar el cambio cultural que permita la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad”.

Y es que entre las personas con discapacidad no ocupadas aún hay 84.100 mujeres y 76.200 hombres que quieren trabajar y esperan una oportunidad. La tasa de paro de las personas con discapacidad está casi 7 puntos por encima de la media nacional.