El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, considera que el actual modelo educativo en Cataluña "garantiza derechos, favorece la cohesión social y lingüística y disfruta del consenso local e internacional".

Según el Síndic, "la determinación de una cuota única por parte de un tribunal sustituye a la competencia de la Generalitat, cuando sería necesaria mayor flexibilidad según la realidad sociolingüística".

Para el Rafael Ribó, no consolidar este modelo el modelo lingüístico "comporta un riesgo elevado de segregación social y lingüística y afecta negativamente a la competencia lingüística en lengua catalana de los niños de familias no catalanohablantes".

Según el defensor del pueblo catalán, el Tribunal Constitucional ha establecido que la existencia de varias lenguas oficiales impone un régimen de conjunción lingüística en la enseñanza, lo que significa que todas deben tener un uso vehicular en la enseñanza.

Sin embargo, el Síndic entiende que "el uso vehicular no debe ser necesariamente simétrico", como entiende el propio Tribunal Constitucional al admitir un uso superior del catalán en atención a las necesidades de normalización del catalán con la intención de paliar déficits históricos.

En este sentido, el Síndic ha recordado que en Cataluña el catalán sigue siendo minoritario como lengua inicial y de uso habitual y que de acuerdo con los últimos datos disponibles de la Encuesta de usos lingüísticos en la población, mientras el 55,1 % de la población tiene el castellano como lengua inicial, sólo el 31 % tiene el catalán; y mientras que el 48,6 % de la población tiene el castellano como lengua habitual, en el caso del catalán esta proporción decrece hasta el 36,1 %.

Asimismo, indica que el texto legal establece que es en el proyecto lingüístico, que todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos deben elaborar con autonomía y en el que se enmarca el tratamiento de las lenguas en el centro, donde deben incluirse los aspectos que hacen referencia al uso de las lenguas y, en cualquier caso, al tratamiento del catalán como lengua vehicular y al proceso de enseñanza y aprendizaje del castellano.

También prevé el texto legal que el Departamento de Educación, para que el catalán mantenga la función de lengua de referencia y factor de cohesión social, debe implantar estrategias educativas de inmersión lingüística que deben tener en cuenta la realidad sociolingüística, ha añadido el Síndic.

Por ello, el proyecto lingüístico que deben elaborar los centros educativos debe servir para diseñar una estrategia pedagógica que responda a las necesidades detectadas y para promover el trabajo colaborativo del equipo docente, que debe implementar un modelo educativo plurilingüe e intercultural, según Rafael Ribó.

Así pues, el Síndic ha señalado que "la proporción del uso de las lenguas oficiales debe fijarla en cada caso el centro educativo atendiendo a criterios diversos, de acuerdo con las singularidades del proyecto educativo y del modelo lingüístico y las del propio alumnado del centro, sin que la generalización de cuotas, que ya había fijado con anterioridad el TSJC para casos concretos y particulares, deba considerarse como un mínimo de referencia válido para todos los centros".

En este sentido, ha considerado que la determinación de una cuota mínima por parte de tribunales "supone el ejercicio de las competencias que tiene la Administración autonómica" y que el establecimiento de una cuota del 25 % con carácter generalizado en el conjunto del sistema educativo "interfiere en el marco jurídico vigente y obvia que, de acuerdo a los datos disponibles hasta ahora, el castellano también tiene un uso vehicular en el sistema educativo". EFE

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