Una acusación que tiene, ya no días, ni semanas. Meses llevan algunos barones socialistas acusando a comunidades autónomas como Madrid de hacer el conocido como 'dumping fiscal'. Un término que parte del conocido como 'dumping social', o lo que es lo mismo: las empresas que contratan mano de obra más barata de otros países.

Pues de ahí al dumping fiscal. Viene a ser que una comunidad autónoma o país tenga impuestos más bajos que otros para atraer empresas a grandes fortunas. Dos ejemplos: deducir hasta el 50% de IRPF o bonificar el impuesto de sucesiones. ¿De qué se quejan entonces las otras regiones? De que eso les obliga a bajarlos a ellos. Lo califican de 'injusto'.

¿Es injusto el 'dumping fiscal'?

Pero, ¿de verdad es injusto? En COPE hemos preguntado a Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad San Pablo CEU. Como asegura, se trata de un tema de gestión. Comunidades que sean capaces de hacer lo que quieren sus votantes, gastando menos. Una especie de 'cada palo, aguante su vela': si los votantes quieren más gasto público, tendrán que soportar más gasto público.

Más de uno se preguntará: claro, Madrid tiene un principio de capitalidad. Está en el centro de todo. Aquí ya vivían antes la mayoría de funcionarios. Hay comunidades autónomas más despobladas, recaudan menos impuestos... Para eso se creó en 1980 algo llamado Fondos de Compensación Interterritorial, que buscaba corregir los desequilibrios económicos entre regiones.

¿Está Madrid haciendo 'dumping fiscal'?

Pero todo esto nos lleva a la pregunta más evidente: ¿está haciendo realmente Madrid dumping fiscal? Pues, si resumiendo mucho, dumping fiscal es reducir impuestos, Madrid está haciendo dumping fiscal. Ha bonificado el impuesto de sucesiones, Andalucía ha reducido los tramos de IRPF. Pero es que, una de las principales comunidades que han acusado a Madrid de tributación desleal ha sido el gobierno de la Comunidad Valenciana.

¿Y qué ha hecho el presidente Ximo Puig la última semana? Anunciar una rebaja de impuestos. Concretamente que se va a aumentar en un 10 % la cuantía exenta de tributación a los ciudadanos, el máximo que permite la norma, lo que beneficiará a todos, aunque quienes superen los 60.000 euros de ingresos mantendrán su esfuerzo fiscal.

Así como unaa segunda medida: una nueva tarifa autonómica del IRPF en este ejercicio, con nuevos tramos adaptados a la situación actual, o que permitirá mejorar la progresividad del impuesto.

Otra de las comunidades autónomas que más ha criticado la rebaja tributaria de Ayuso: el gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Cuál es el plan de García-Page para la próxima semana? Una bajada de impuestos más selectiva que la de sus vecinos valencianos.