El asesinato del menor en Lardero ha vuelto a dejar en el aire la pregunta que muchos se han hecho en los últimos años, especialmente a raíz del debate sobre la prisión permanente revisable: ¿es posible la reinserción de los presos?

Acabamos de verlo con el presunto asesino de Lardero. Francisco Javier Almeida, detenido el pasado jueves por el presunto asesinato del un niño de nueve años, estaba en libertad condicional desde abril de 2020.

Almeida, un asesino en las calles de La Rioja

El 17 de agosto de 1998, Almeida asesinó a Mari Carmen López, una joven de 26 años que trabajaba en una inmobiliaria de Logroño. Tras enseñarle uno de los pisos en venta, Almeida la empujó sobre una cama. Le asestó 17 golpes y uno de ellos fue mortal. Posteriormente, abusó de ella. Así lo ha contado Ángel Expósito en 'La Linterna'. Han pasado más de veinte años y el hombre ha vuelto a delinquir. Esta vez, llevándose por delante la vida de un menor de nueve años durante su período de libertad condicional. Su agente de la condicional no vio ningún peligro.

Según datos de ABC, desde el año 2017 en España existen un total de 63 funcionarios en todo el país - excepto Cataluña y País Vasco, que tienen transferidas las competencias penitenciarias - que se encargan de supervisar y vigilar a todos los presos que han recibido la libertad condicional. Solo en el año 2020, unos 3.600 internos pudieron disfrutar de esta condición, estando así todos controlados por estos 63 funcionarios.

Su agente de la condicional no vio ningún peligro

El pasado 8 de abril de 2020, Francisco Javier Almeida obtuvo la libertad condicional, a pesar de que su condena acababa el 17 de agosto de 2023, por asesinar y agredir a una mujer.

No obstante, se le concedió esta situación de libertad con varias condiciones: observar las reglas de conducta de la sociedad, residir de forma obligatoria en la dirección que había facilitado con anterioridad, participar en una serie de programas de inserción laboral y pasar cada cierto período de tiempo por unos controles para verificar si su condición no se había visto afectada.

Tal y como recoge el ABC, el agente de la condicional de Almeida "no detectó ningún riesgo". Al parecer, los funcionarios encargados de los reclusos en libertad, visitan las casas o las residencias de todos aquellos que han recibido la libertad. De hecho, tal y como ha podido saber COPE este martes, las fuerzas de seguridad no sabían que el presunto asesino vivía en Lardero.

Agustina es psicóloga, profesora e investigadora de la Universidad Internacional de La Rioja ha apuntado en 'La Linterna' que "es muy complicado" hablar de un perfil como el de Almeida. "Aunque se pueda leer y comentar que es posible meterse en la mente de un criminal, definir la personalidad es complicado. Las personas que hayan trabajado con él y hayan llevado a cabo la evaluación es posible que tengan más información. Lo único que podemos decir es que parece cumplir con esos criterios que pueden marcar el perfil de un agresor sexual en serie", ha señalado en COPE.

¿Y cómo es ese perfil? Agustina señala que es muy "complejo". "Estos sujetos presentan distorsiones cognitivas ya que piensan que no está mal lo que hacen o lo que sienten. Pero en casos concretos como el de Almeida, al impulso sexual se une el deseo de matar", relata la psicóloga. Sobre si estas personas son 'curables', Agustina sentencia: "En Instituciones Penitenciarias hay programas de tratamiento específicos dirigidos a perfiles concretos de delincuentes. Se intenta trabajar contra esos impulsos para buscar la reinserción. En la mayor parte de los individuos sí funciona y estas personas se pueden finalmente reinsertar en la sociedad. Pero los que conocemos mediáticamente son los que no lo consiguen y vuelven a cometer un acto tan atroz".

Así se concede el tercer grado a un preso

El proceso para lograr la semilibertad comienza con las juntas de tratamiento penitenciario formadas por psicólogos y médicos que se reúnen cada seis meses para determinar si un condenado merece o no recibir el tercer grado. Ellos valoran el historial individual, familiar, social y delicitivo del interno para después realizar el informe.

Francisco Javier Almeida accedió al tercer grado penitenciario en contra de la opinión mayoritaria de la junta de tratamiento de la cárcel del Dueso (Santoña, Cantabria), en la que estaba cumpliendo condena por el crimen de la inmobiliaria. No obstante, hubo voces discrepantes dentro de la propia junta que consideraban que el reo, que había cumplido ya de largo las tres cuartas partes de su condena sin incidentes, debía acceder ya al régimen abierto. Almeida recurrió la decisión a Instituciones Penitenciarias, que en febrero del año 2020 resolvió que el preso podía finalmente disfrutar del tercer grado. "Es una competencia exclusiva de la administración penitenciaria y el juez sólo interviene cuando se produce algún tipo de recurso, ya sea el ministerio fiscal o el abogado del recluso", señala a "La Linterna" Carlos García Castaño, coordinador del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria del Colegio de Abogados de Madrid.

Almeida cumplía todos los requisitos legales para disfrutar de la libertad condicional: ya tenía el tercer grado, había cumplido de sobra las tres cuartas partes de condena, había observado buena conducta en la cárcel y estaba pagando la indemnización por responsabilidad civil.

Hace solo unos días, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que la futura Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado contempla que los funcionarios de prisiones tengan la consideración de agentes de la autoridad, así como crear nuevas figuras laborales como la de agentes de libertad condicional. Un puesto de trabajo que oficialmente es "inexistente" pero "imprescindibles en cuanto a medidas penales no privativas de libertad", como los agentes de libertad condicional y vigilada.