Okupar viviendas en esta comunidad autónoma saldrá más caro: los propietarios podrán reclamar una compensación al okupa
Se trata de la segunda región con la tasa más alta de okupación ilegal de viviendas en España, solo por detrás de Cataluña, según el Ministerio de Interior
Un okupa junto a una mujer en silla de ruedas
Madrid - Publicado el
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La región de Baleares se ha consolidado como la segunda comunidad autónoma con la tasa más alta de okupación ilegal de viviendas en España, solo por detrás de Cataluña. Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 512 denuncias por usurpación de inmuebles en las islas, un 26% más que el año anterior, lo que equivale a 44 casos por cada 100.000 habitantes.
Este incremento, unido a la lentitud de los procesos judiciales (que pueden prolongarse hasta 12 meses), ha llevado al Govern balear, en coalición con Vox, a aprobar un paquete de medidas sin precedentes que endurece las consecuencias para los okupas y amplía los derechos de los propietarios. Entre las novedades destaca la posibilidad de que los afectados reclamen compensaciones económicas a los ocupantes ilegales, así como la exclusión de ayudas públicas de alquiler y vivienda para quienes hayan sido condenados por estos delitos en los últimos cinco años.
Protestas para defender la okupación en España
Exclusión de ayudas a los okupas
El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, ha confirmado que el decreto pactado entre PP y Vox incluirá una enmienda para vetar el acceso a ayudas al alquiler protegido, viviendas del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) y beneficios como el aval hipotecario joven a quienes tengan condenas firmes por allanamiento de morada o usurpación en el quinquenio previo a la solicitud. "Aquel que haya sido condenado por okupación no podrá recibir ningún tipo de ayuda ni subvención", subraya Mateo, aunque matizó que la normativa estatal actuará como "límite" para evitar vulneraciones de derechos.
Esta medida, que aún debe ser estudiada por juristas para ajustarse al marco legal, busca "lanzar un mensaje claro de rechazo a la okupación ilegal", según fuentes del Govern 6.
La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente tensión habitacional en las islas, donde el precio medio de la vivienda en Palma supera en un 10,1% los máximos de la burbuja inmobiliaria de 2007, alcanzando los 3.003,7 euros/m² 1. Además, el esfuerzo teórico anual para pagar una hipoteca en la capital balear roza el 50% de la renta disponible, una cifra solo comparable a ciudades como Barcelona o Madrid.
Bomberos en las inmediaciones de una casa okupada
Compensaciones económicas tras desalojos
Otra de las novedades es la introducción de compensaciones económicas para los propietarios afectados por okupaciones. Estos podrán deducir del IRPF autonómico gastos derivados de la recuperación de sus inmuebles, como honorarios de abogados, costes judiciales o daños materiales 6. El Govern también ha exigido al Gobierno central que desbloquee la Ley Antiokupación estatal —aprobada en el Senado pero paralizada en el Congreso—, que permitiría desalojos en 24 horas mediante procedimientos administrativos, sin necesidad de esperar a la resolución judicial.
No obstante, organizaciones como Servi-Okupas advierten de que, pese a los avances, la nueva normativa no resolverá el problema de raíz. "Los okupas siguen presentando contratos falsos o tickets de compra para dilatar los juicios, y los servicios sociales intervienen cuando hay menores involucrados", explica José Ramón Zurdo, de la Agencia Negociadora del Alquiler, a Idealista. De hecho, la ley no afecta a los llamados "inquiokupas" —inquilinos que dejan de pagar el alquiler pero mantienen un contrato previo—, cuyo desalojo sigue sujeto a los lentos procesos civiles 5.
Más suelo urbanizable y proyectos residenciales estratégicos
Más sobre okupas
El decreto también incluye medidas para paliar la escasez de vivienda, uno de los factores que alimenta la okupación. Se autoriza a los municipios de más de 20.000 habitantes —como Palma, Calvià o Inca— a reclasificar suelos rústicos como urbanizables, siempre que lo aprueben en pleno municipal. Además, los Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE), inicialmente limitados a Palma, se extenderán a toda Baleares en localidades con más de 10.000 habitantes, agilizando trámites para construir viviendas asequibles. En Mallorca, 17 municipios cumplen los requisitos, entre ellos Andratx, Felanitx y Pollença.
Las asociaciones de vecinos y colectivos vulnerables han tachado las medidas de "punitivas" y han recordado que muchas okupaciones responden a situaciones de emergencia habitacional. "No se puede criminalizar a familias sin alternativas mientras hay 105.000 viviendas vacías en manos de bancos", denunció un portavoz del Instituto de Estudios Económicos. Por su parte, el Banco de España vinculó el problema a la presión turística, que ha convertido el 45% del PIB balear en dependiente del sector, desplazando a residentes hacia mercados informales 11.
Mientras el Govern insiste en que las nuevas normas equilibrarán el mercado, plataformas como 'Menys Turisme, Més Vida' preparan protestas este verano contra la turistificación, que consideran la raíz del colapso habitacional. "No hay sostenibilidad posible cuando el alquiler vacacional devora el parque de viviendas", sentenció Margalida Ramis, portavoz del colectivo.