Sus concentraciones ante el Congreso, sus protestas en los colegios, su manifestación en coches y sus lazos naranjas han logrado trasladar a la calle lo que está en juego con la última reforma educativa, esencialmente, la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos. Mientras dure la tramitación de la Ley Celáa, actualmente en el Senado, la Plataforma Mas Plurales van a seguir movilizada para tratar de lograr un consenso y defender la libertad de educación.

“Aún hay partido, aún hay tramitación parlamentaria, aún hay posibilidad de cambio, estamos en el Senado”, afirma Jesús Muñoz el portavoz de la Plataforma quien considera que “aún estamos a tiempo de modificar la peor ley educativa de la democracia”.

Mañana mismo harán llegar sus propuestas de enmienda a los senadores y en la Cámara Alta se movilizarán el día 16, también en los colegios y en las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno al tiempo que registrarán sus casi dos millones de firmas en el Congreso el 18 y volverán a salir a la calle con globos y lazos naranjas el domingo 20 para una nueva movilización en coche. También han pedido una reunión en Moncloa. El objetivo es lograr un consenso real.

“Seguiremos tendiendo la mano para un debate leal sobre los argumentos y no sobre clichés, prejuicios y sloganes de quienes impulsan un modelo único, público y laico”, subraya Muñoz.

Es lo que ha fomentado esta plataforma apolítica y de la que forman parte múltiples asociaciones no solo de la concertada desde su creación y se han topado aseguran con un Ejecutivo que lejos que tratar de alcanzar acuerdos y confrontar ideas ha promovido la manipulación negando las consecuencias reales de la ley sobre el modelo concertado y sobre la educación especial, desviando la atención y menospreciando a millones de familias que eligen estos colegios para sus hijos.

Y es que según subrayan la LOMLOE amenaza la existencia de la escuela concertada, algo que ya está ocurriendo en las Comunidades Autónomas gobernadas por los socialistas y Unidas Podemos por ejemplo en La Rioja, Aragón y Comunidad Valenciana y hasta ahora frenado en los tribunales “sin contar con la vuelta de tuerca del español tras las cesiones a Esquerra Republicana de Cataluña” y en estos ámbitos el cambio de ley “tendrá consecuencias”.

Hay 4 millones de familias que escolarizan a sus hijos en 9.300 centros concertados y privados en los que trabajan 260.000 personas.