Las enmiendas pactadas por PSOE, ERC y Unidas Podemos al proyecto de Ley de Convivencia Universitaria otorga a las Universidades una mayor autonomía para aplicar la norma en la resolución de los conflictos y les permite graduar las sanciones.

Las veinte modificaciones acordadas la semana pasada por estos grupos hizo que Esquerra retirara en el último momento la enmienda a la totalidad que iba a plantear a esta iniciativa del Gobierno, que derogará una de las pocas normativas franquistas aún en vigor, de 1954.

Unos de los cambios se refieren al artículo 17 del proyecto legislativo sobre el procedimiento disciplinario, añadiéndole que las universidades podrán introducir especificaciones o graduaciones a las sanciones que, sin constituir otras nuevas, ni alterar su naturaleza o límites, "contribuyan a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes".

El acuerdo parlamentario contempla asimismo la supresión completa del artículo 9 de la nueva ley, que regulaba el mecanismo de mediación y atribuía a las universidades la potestad de castigar las infracciones del estudiantado que "alterasen gravemente la convivencia o que impidieran el normal desarrollo de las funciones de docencia, investigación y transferencia del conocimiento".

De este modo serán ahora las propias universidades las que, "en el ejercicio de su autonomía", desarrollarán los medios "oportunos" para la resolución "alternativa de los conflictos en el ámbito universitario".

La misma motivación es la que explica la eliminación de distintos párrafos de la Exposición de Motivos de la futura Ley de Convivencia, que castiga las novatadas, el plagio o el acoso con la expulsión de la universidad de entre dos meses y tres años o la pérdida de derechos de matrícula parcial durante un curso o semestre académico.

Por otro lado, los grupos políticos han pactado agregar en el artículo cuatro sobre normas de convivencia un nuevo párrafo para subrayar que "en cualquier caso" las universidades públicas y privadas, en aplicación de esta ley, "garantizarán la libertad de expresión y los derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga".

Ello es así porque creen "fundamental" reforzar la idea de que las normas de convivencia deben garantizar dichos derechos, "constitucionalmente reconocidos en el ámbito universitario".

También se modifica el artículo 6 en relación a los medios alternativos de solución de conflictos para añadir que éstos se ajustarán a los principios de "voluntariedad, confidencialidad, equidad, imparcialidad, buena fe y respeto mutuo, prevención y prohibición de represalias, flexibilidad, calidad y transparencia".

Sobre la composición de la comisión de convivencia que contempla la ley, la nueva redacción de su articulado da a las universidades la potestad de cómo debe ser su funcionamiento y quién ha de integrarla.

En cuanto a la destrucción del patrimonio histórico y cultural de la universidad -que la iniciativa del Ministerio de Manuel Castells considera una falta muy grave- ahora se precisa que se refiere solo al "patrimonio catalogado". EFE

msr/jlg