La ONG Justicia Alimentaria propone prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años en España y reclama una regulación exhaustiva al Ministerio de Consumo para abordar los riesgos asociados a la ingesta de estas bebidas, ya que se observa una ausencia de "regulación clara y específica" para este tipo de productos en el mercado.

Además de la prohibición de la venta a menores de edad, la ONG propone restricciones en la publicidad dirigida a jóvenes, limitaciones en el patrocinio de eventos deportivos y actividades similares, la inclusión de etiquetas de advertencia en los envases y subidas en los precios para desalentar el consumo excesivo de estas bebidas.

Mientras que zumos de frutas y bebidas refrescantes están rigurosamente regulados en cuanto a sus estándares, las bebidas energéticas operan en un limbo normativo. "No existe una definición precisa que las acote, ni se especifica qué ingredientes pueden contener, en qué concentraciones o en qué combinaciones", denuncia el director de Justicia Alimentaria, Javier Guzmán.

Según un estudio reciente de la ONG, aproximadamente el 70 por ciente de los adolescentes de 10 a 18 años las consuman de forma regular, y un 12 por ciento de ellos ingiera más de 7 litros al mes. Incluso entre los niños y niñas de 3 a 10 años, alrededor del 20% se siente atraído por estas bebidas.

Otro hallazgo relevante es la falsa percepción de seguridad en el consumo de bebidas energéticas, especialmente entre la población joven. "A menudo, estas bebidas se perciben como inofensivas, a pesar de los riesgos asociados a su consumo. La falta de conciencia sobre su contenido y efectos pone en peligro la salud de las personas consumidoras", alerta Guzmán.