La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), de carácter progresista, ha pedido este viernes al Gobierno que, a pesar de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), derogue la regulación de las devoluciones en caliente, amparadas por una disposición de la llamada ley mordaza.
Este tipo de expulsiones en frontera de inmigrantes son, a su juicio, "prácticas contrarias a los más elementales derechos humanos y atentatorias contra la dignidad de las personas que huyen de sus países en busca de una vida mejor".
En un comunicado, JJpD lamenta el "giro copernicano" del Tribunal de Estrasburgo y destaca la intervención en el proceso de los Gobiernos francés, belga e italiano, "lo que denota el impacto que esta resolución tendrá en la política migratoria europea".
El TEDH considera que los dos demandantes se pusieron en una situación ilegal cuando intentaron entrar en territorio español el 13 de agosto de 2014 de forma no autorizada, por la fuerza y sin hacer uso de los procedimientos legales de que disponían, por lo que su devolución inmediata fue consecuencia de su propia conducta.
"No puede calificarse sino de quimera la posibilidad de acceder por vías legales a nuestro país por parte de migrantes o solicitantes de asilo desde Marruecos", destaca esta asociación de jueces, la tercera en número de miembros en el sector.
La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de carácter conservador, ha declinado hacer ninguna valoración de la sentencia del TEDH, ratificando su respeto institucional a todas las resoluciones judiciales, tanto de ámbito español como europeo.