El Ministerio de Igualdad abrirá este lunes 25 de octubre la consulta pública ciudadana para reformar la ley contra la violencia de género, que permitirá blindar el Pacto de Estado y dotarlo de financiación.

Así lo ha avanzado este jueves la delegada del Gobierno contra la Violencia de Genero, Victoria Rosell, durante una rueda de prensa en la que ha recordado que la vigencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género finaliza el próximo 22 de septiembre, cuando termina su compromiso económico.

El objetivo de Igualdad, tal y como destacó este miércoles en su comparecencia en el Congreso la ministra Irene Montero, es dotar de permanencia al Pacto para vertebrar la respuesta del Estado contra todas las formas de la violencia machista e incorporar un compromiso de sostenibilidad financiera.

Para blindar el Pacto, Igualdad trabaja en una reforma de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral frente a la Violencia de Género, que, a modo de ley marco contra todas las formas de violencia contra las mujeres, institucionalice el Pacto de Estado.

El primer paso para esta reforma comenzará el próximo lunes, cuando se inicia un plazo de 15 días de consulta pública ciudadana.

Rosell ha indicado que, si bien el objetivo de la reforma es dotar de permanencia el Pacto, ésta puede ser una "oportunidad" para incluir en la ley algunas modificaciones que tanto el movimiento feminista como algunas juristas expertas llevan tiempo reclamando.

Una de ellas sería adecuar la norma al Convenio de Estambul y que la ley saliera del "marco estrecho de la violencia íntima", es decir, la que se produce en el ámbito de la pareja o expareja, y ampliarla a todas las formas de violencia contra la mujer.

"El objetivo sería hacer permanente el Pacto de Estado, pero sin duda, hay algunos retoques y reformas que no suponen una revisión integral, pero sí una mejora de la vida de todas las víctimas de violencia machista, que son las mujeres y sus hijos e hijas", ha destacado.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha anunciado también que el próximo 25 de octubre está prevista la firma de un convenio entre el Ministerio de Igualdad y el Centro de Estudios Jurídicos para procurar formación especializada y masiva a toda la administración de Justicia.

Con esto se cumple una de las medidas urgentes contra la violencia de género, aprobados por el Consejo de Ministros, que es asegurar una formación especializada a los profesionales que tienen contacto directo y atienden a víctimas y agresores.

"Los funcionarios de la administración de Justicia son, a menudo, los primeros profesionales con los que se encuentra la víctima y su conocimiento y trato pueden ser decisivos para que las víctimas salgan de la violencia", ha apuntado.