Europa obliga a las compañías a mejorar la accesibilidad a sus servicios digitales

Bruselas acoge desde hoy conferencias y foros para mostrar las necesidades de las personas discapacitadas y los mayores, amparadas por la Comisión Europea. Comercio electrónico, acceso a contenidos audiovisuales, servicios bancarios, telefónicos, de transporte y sus sitios web y aplicaciones tendrán que adaptarse a las personas con algún tipo de discapacidad permanente o temporal. Y todo porque acaba de entrar en vigor la ley europea de accesibilidad para que todas las personas, sea cual sea su condición, tengan las mismas posibilidades de acceso.

Mejorar la accesibilidad y unificar los criterios en todo el espacio común es el objetivo de esta norma que ayudará que en un mundo absolutamente digitalizado los 5 millones de personas con discapacidad sensorial o intelectual y los 10 millones de mayores de 65 años.

Siendo el nuestro uno de los países mejor posicionados de la UE “nos falta muchísimo por recorrer-reconoce Jesús Hernández galán, director de AccesibleEU, la promotora de esta iniciativa legal- faltan muchas compañías que tienen que cumplir la accesibilidad y falta sobre todo muchísima, no solo sensibilización por parte de las empresas, sino que sobre todo lo que hace falta es conocimiento técnico por parte de los diseñadores que trabajan en esas empresas para que realmente tengan en cuenta las necesidades de todas las personas y muy especialmente de las personas con discapacidad para que realmente sea accesible”.

 EL 112 ACCESIBLE  

Los sectores en los que más va a impactar la norma son los relacionados con los servicios y la comunicación. Las emergencias, el 112, están el el punto de mira de esta normativa porque “ deben de ser accesibles de forma multimodal y que cada persona acceda como mejor pueda comprender y transmitir la información. Es decir, a través del formato de audio, a través del formato de texto, a través de textos que se hagan en tiempo real, que no sean unos textos que los lances y tengas que esperar la respuesta, sino que realmente veas que la persona está escribiendo al otro lado de la pantalla y, por supuesto, tienen que ser perfectamente comprensibles”.

Pero no solo. El sector bancario también tiene camino por recorrer. Y muchas plataformas de comercio electrónico o los servicios de información del transporte.

La norma, que deja fuera a las PYMES, está en vigor en toda Europa, pero los países no han establecido todavía ni servicios de vigilancia ni sanciones. España, como te contamos, sí tiene un alto nivel de conciencia que quieren contagiar al resto de los países para que sean conscientes de una realidad que parece que les pasa un poco de largo.

 NO SOLO DERECHOS, TAMBIEN SEGURIDAD  

“A la hora de que una persona con discapacidad visual utilice una tarjeta en un comercio, quiera pagar con su tarjeta, de momento todo muy normal-ejemplifica desde la ONCE Luis Palomares- y se les presenta un TPV táctil son teclas, solo con pantalla. Bueno, pues una persona con discapacidad visual no puede introducir el código PIN. No puede. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿O le tengo que decir el código PIN a la persona que me está cobrando o tengo que decirle el código PIN, si es que va acompañada, tiene que decirle el código PIN a la persona que le acompaña? En cualquier caso se está vulnerando su derecho de confidencialidad, de autonomía y de seguridad. Esto no es un problema de accesibilidad. En algunos casos es un problema de seguridad”.

Desde la ONCE aplauden la ley, más que por su poder coercitivo, por poner la mirada sobre las necesidades de personas con discapacidad y mayores. Están expectantes para comprobar cómo se aterrizan los criterios de la norma y confían en que no se alarguen plazos o se bordee la legalidad porque “si una entidad o una empresa realmente es consciente del problema-asegura Palomares- y en lugar de ir a lo mínimo quiere mejorarlo, esto enriquece tanto la imagen de marca como la experiencia que van a tener sus clientes. Porque las personas con discapacidad al final somos clientes también de usuarios de esos productos y servicios”. Y no pocos.

Hay entidades, asesorías que pueden ayudar a las compañías a implementar los supuestos de la norma. Es una cuestión, por ahora, de voluntad.