Las entidades no lucrativas que gestionan los hogares, residencias y centros de protección de menores reclaman "urgentemente" la dotación de equipos de protección individual (EPI) para el personal que atiende estos centros, así como la realización de tests de COVID-19 a toda la plantilla de los centros en los que existan casos sospechosos, con el fin de garantizar la atención a los niños, niñas y adolescentes, y ante "el riesgo de colapso" por el coronavirus.

Así lo exigen en un comunicado firmado por la Federación de Enseñanza Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores, la Federación Española de Protección y Justicia Juvenil (FEPJJ), la Asociación Española de Entidades de Iniciativa Social y Servicios Sociales (AEEISSS), la Asociación Patronal de Entidades de Familia y Menores (AEFYME), la Asociación Estatal de Organizaciones de Acción e Intervención Social (OEIS), la Asociación Patronal Andaluza de Entidades de Iniciativa Social y Acción Social (APAES), el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales, el Consejo General de la Psicología y el Consejo General del Trabajo Social.

Los firmantes piden "una mayor atención" de las autoridades a su labor "ante el riesgo de colapso" por el coronavirus. En concreto, exigen la dotación de equipos de protección pues, según alertan, los profesionales --personal directivo, profesionales de la intervención social y educativa, personal de apoyo y de servicios auxiliares-- desarrollan diariamente la actividad en estos hogares y centros "sin estar dotados de equipos de protección que minimicen el riesgo de transmisión, ante la imposibilidad de encontrarlos en el mercado".

Las organizaciones alertan del "incremento de bajas" entre las plantillas de estos centros, algo que "está poniendo en riesgo la capacidad de atención a estos niños y niñas". A esto se suma, según señalan, "la tensión que el confinamiento y la suspensión de salidas y visitas está generando dentro de los centros".