El Congreso ha aprobado por mayoría una proposición no de ley de PSOE, PP, Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana de Cataluña y Grupo Mixto que insta al Gobierno a coordinar la elaboración de un pacto de Estado por la infancia que impulse un sistema de protección suficiente para los menores.

En la elaboración de esta iniciativa han participado las citadas fuerzas políticas y se insta a "recoger y desarrollar" las demandas de ONG que trabajan con la infancia, así como de organismos internacionales y de los mismos menores y a establecer un compromiso real y medible, con inversión presupuestaria específica.

En este sentido, se pide identificar las partidas destinadas a la infancia en los presupuestos públicos y que se asuma un compromiso de incremento progresivo de la inversión hasta alcanzar la media europea.

Para ello, se demanda una prestación económica directa que tendrá que alcanzar en 2020 los 1.200 euros anuales por cada menor de 18 años, condicionada a un límite de ingresos basado en los umbrales oficiales de pobreza, y que se concederá a través de la actual prestación no contributiva por hijo a cargo de la Seguridad Social.

Esta prestación, compatible con la actual por hijo menor de edad por causa de discapacidad mayor del 33 ?% y otras ayudas sociales, beneficiaría a unos 2.485.000 menores y reduciría las tasas de riesgo de pobreza infantil en un 18 ?% y las de pobreza infantil severa en un 30? %, según el texto.

En el compromiso aprobado hoy -por 334 votos a favor y 4 en contra-, el Pleno del Congreso contempla el incremento progresivo de la oferta pública de educación infantil de 0 a 3 años para conseguir 70.000 nuevas plazas públicas para 2022, con lo que la tasa de escolarización en la primera etapa sería del 40,26? %.

También demanda la inversión en becas y ayudas al estudio para alcanzar la media europea del 0,44? % del PIB en 2022, especialmente en las etapas obligatorias y posobligatorias no universitarias.

Los diputados quieren que el pacto de Estado incluya recursos para fortalecer la protección de la infancia y la adolescencia para garantizar la correcta implementación de los cambios que introdujo la Ley 26/2015, de 28 de julio.

Todos los grupos parlamentarios han defendido la necesidad de acometer este pacto, pero desde el PSOE, Sonia Ferrer, ha advertido de que hay que "pasar de las palabras a los hechos" para que los futuros gobiernos garanticen una protección mínima y se consiga romper el ciclo de pobreza infantil.

"El grupo del PSOE no se da por satisfecho con este pacto", ha asegurado Ferrer, que ha insistido en la necesidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (Pge) para que lo propuesto sea una realidad.

También ha pedido "responsabilidad" para "poner dinero encima de la mesa", Silvia Heredia, del PP, que ha incidido en que lo aprobado hoy es un compromiso y para hacer un "verdadero pacto hay que trabajar un poco mas y no tener tanta prisa".

Para María del Mar García Puig, de Unidos Podemos, el texto aprobado hoy es "un primer paso firme y valiente" y ha expresado su confianza en que no se convierta en "papel mojado" porque "no nos lo podemos permitir".

La opinión de que "hay que ir más allá", seguir trabajando y dotar al Pacto de medidas económicas ha sido también resaltada por Ciudadanos, PNV y Esquerra Republicana de Cataluña.