Casi 50 organizaciones feministas han expresado su "más profundo malestar" por la nueva sentencia dictada el pasado 18 de marzo sobre el 'caso Arandina' que, a su juicio, "perpetúa la cultura de la violación". Este casi medio centenar de asociaciones se han adherido a un comunicado en el que lamentan que la repercusión sobre esta nueva y sorprendente decisión" del tribunal "ha sido mínima", ante los "difíciles momentos que atraviesa" España por la crisis del coronavirus.

La sentencia, dictada la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), absuelve a uno de los exfutbolistas condenados por agresión sexual sobre una menor y ha aplicado una sustancial rebaja de penas a los otros dos. Previamente, los tres fueron condenados por la Audiencia Provincial de Burgos a 38 años de cárcel por delitos de agresión sexual.

"El mensaje que lanza esta sentencia es terrible, de nuevo, se desplaza el foco de la culpabilidad en la víctima y los agresores salen prácticamente indemnes", han apuntado las organizaciones firmantes, entre las que están la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Fundación Mujeres o la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

Debido a que la repercusión de este fallo judicial ha sido "mínima" ante la situación por el COVID-19, las organizaciones feministas han destacado "la trascendencia de un fallo de esta envergadura que únicamente viene a demostrar que continúa perpetuándose la cultura de la violación".

Según han explicado, la sentencia inicial de la Audiencia Provincial de Burgos definió lo ocurrido como agresión sexual, al apreciar "intimidación ambiental", teniendo en cuenta la diferencia de edad y complexión física de ellos; y condenó a los tres jóvenes a 38 años de prisión en el mes de diciembre pasado. Ahora, la Sala Civil-Penal del TSJCyL absuelve a uno de los condenados y atenúa las penas hasta los cuatro y tres años de prisión para los otros dos al apreciar, entre otras causas, "la cercanía de edad y la "proximidad en el grado de madurez con la menor".

"No entendemos el giro interpretativo que ha tomado este caso y las diferencias tan sustanciales entre ambas decisiones judiciales; pero lo que está claro es que vuelve a ponerse en duda la credibilidad de la víctima", sostienen las organizaciones.

Además, han remarcado que "el último fallo no tiene en cuenta en absoluto el Código Penal que elevó la edad de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años en 2015; ni la jurisprudencia del Tribunal Supremopara absolver a uno de ellos como si no hubiera existido delito alguno".

Asimismo, ha afirmado que en este fallo "se están desoyendo argumentaciones prohibidas en tratados firmados y ratificados por España como el Convenio de Estambul o el propio Consejo de Europa, que prohíben centrarse en las actuaciones anteriores y posteriores de la víctima, como en esta ocasión, con el único propósito de descreditarla".

"Volvemos a experimentar un retroceso claro en los derechos de las mujeres y nuevamente en materia de violencia sexual, lo que nos lleva a preguntarnos cómo decirles a las mujeres que confíen en el sistema judicial", ha apostillado.