Politización del proceso constituyente y libertad prensa marcan año en Chile

El inconcluso y polémico proceso constituyente y la creación de una comisión gubernamental que busca regular la libertad de prensa y los medios de comunicación, a los que se acusa de parcialidad en el referéndum y de una deriva hacia el alarmismo y la politización, marcaron el año en Chile, según el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

A este respecto, la Universidad Abierta de Recoleta constató que la cobertura mediática durante la campaña marcó una clara "tendencia en los titulares de periódicos impresos y la televisión favorable a la opción que rechaza el nuevo texto constitucional".

"Respecto a las vocerías en medios, un 41% se liga al Rechazo y solo el 30% al Apruebo. En tanto, los medios digitales -en su mayoría- fueron más equilibrados informativamente para ambas alternativas", agregó.

Una tendencia hacia la parcialidad en los medios que se alista entre los motivos que el presidente de la República, Gabriel Boric, evocó al anunciar el pasado 1 de junio la creación de una comisión especial denominada "Más amplitud, más voces, más democracia", para analizar el estado del sistema de medios de comunicación del país.

En este contexto, el Ministerio Secretaría General de Gobierno firmó un convenio con tres universidades estatales para que en un plazo de seis meses den un informe público para "vigorizar las garantías vinculadas al ejercicio del periodismo y los derechos asociados a la comunicación".

El temario incluyó temas de comunicación e intercambio cultural, género, educación y ética. Se contempló también la "regulación del sistema de medios" y la "definición del derecho a la libertad de expresión y de prensa", explica SIP en su informe.

NUEVA LEY DE MEDIOS

Las tres universidades ya habían participado en el denominado "Bloque por el Derecho a la Comunicación", instancia que desde 2015 reunía a académicos y algunos medios de comunicación para proponer una nueva ley de prensa que incluiría un sistema estatal de comunicación, un nuevo control del pluralismo, la regulación del ejercicio periodístico y nuevas potestades en materia de regulación de contenidos.

Además, el Gobierno puso en marcha una mesa de diálogo de la que, sin embargo, se desmarcó la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que reúne a los diarios y revistas, argumentando que nos ajusta a estándares y prácticas internacionales que una cartera ministerial lidere una iniciativa de esas características,

La ANP denunció, asimismo, "el claro ánimo de utilizar ese informe para promover regulaciones que restrinjan la libertad de prensa".

La libertad de expresión y sus límites fue precisamente una de las cuestiones a debate en la convención que elaboró la propuesta de nueva Constitución, un texto que pretendía sustituir a la actual, escrita en dictadura y parcialmente reformada en democracia, y que según expertos internacionales, era la más progresista y feminista del mundo.

La Convención formó siete comisiones, dos de las cuales tenían incidencia directa sobre las libertades informativas: la "Comisión de Derechos Fundamentales", cuya misión era definir el estatuto constitucional de la libertad de expresión, y la denominada "Comisión de Conocimientos", que proponía la regulación constitucional de los medios de comunicación.

Tras el abrumador triunfo del "rechazo" en el plebiscito, los parlamentarios comenzaron a negociar principios y mecanismos que regirán el nuevo proceso de reforma que se iniciará en 2023.

UNA PERIODISTA MUERTA

En su informe, la SIP también recoge, aunque de forma breve, la polémica abierta por el requerimiento judicial a periodistas para que revelaran sus fuentes en el contexto de un reportaje de investigación sobre posibles casos de corrupción en el cuerpo de Carabineros de Chile, la policía militarizada del país.

"El tribunal no tuvo en consideración que la legislación vigente impide tal exigencia", explica la SIP en su informe, en el que alude al artículo 7 de la Ley de Prensa que consagra el "derecho a mantener reserva sobre su fuente informativa, la que se extenderá a los elementos que obren en su poder y que permitan identificarla y no podrán ser obligados a revelarla ni aun judicialmente".

Asimismo, el informe hace una breve referencia a la muerte de la periodista local Francisca Sandoval, de 29 años, quien recibió un disparo en la cabeza cuando cubría para el canal comunitario TV Señal de la Victoria, los incidentes entre vendedores ambulantes y manifestantes en el barrio capitalino de Meiggs con motivo del 1 de mayo.

Un sospechoso fue arrestado y encarcelado dos días después acusado de asesinar a Sandoval, quien murió el 12 de mayo a causa de sus heridas.