Las ONG miran con mucha preocupación los efectos que la paralización que ha implicado el estado de alarma pueda tener en el sistema de asilo, colapsado desde mucho antes, y las consecuencias de las restricciones a la movilidad en aquellos para los que moverse es su única escapatoria: los refugiados.

Coincidiendo con la celebración el sábado del Día Internacional del Refugiado, innumerables organizaciones han querido concienciar de las graves secuelas que esta pandemia va a dejar en los más débiles.

Según el último cálculo de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Acnur, la cifra de personas desplazadas por la fuerza a cierre de 2019 ascendía a 79,5 millones de personas, el 1 % de la población mundial. Una cifra sin precedentes.

En nuestro país, el estado de alarma ha supuesto un frenazo en las peticiones de asilo, que comenzaron 2020 batiendo el récord dejado en 2019, pasando de las más de 37.000 contabilizadas hasta marzo -13.000 más que en el mismo periodo de 2019- a las 58 de abril y las 72 de mayo. En total, suman 37.366 las solicitudes.

Durante estos dos meses no han variado las resoluciones dictadas por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) en marzo: 863 resultaron favorables y, de ellas, 435 fueron estatutos de refugiado y 428 de concesiones de protección subsidiaria, a las que hay que sumar otras 16.043 por razones humanitarias. Además, 8.405 fueron denegadas y 359 archivadas.

Accem ha valorado algunas de las medidas tomadas estos meses, como la paralización de los plazos de los procedimientos en curso o la renovación automática de la documentación, pero alerta de que también se ha congelado la posibilidad de solicitar asilo, por lo que exige "clarificar" el modo en el que se va a garantizar a corto y medio plazo el ejercicio de este derecho.

Son las mujeres, lamenta la Asociación de Mujeres de Guatemala, las más perjudicadas, ya que -asegura- España rechaza más del 95 % de las solicitudes de asilo de las que huyen de Latinoamérica.

"La administración española ha reiniciado las denegaciones de asilo a través de un procedimiento 'exprés' que no respeta la legalidad vigente, genera indefensión y tiene como consecuencia principal para las personas solicitantes la expulsión del sistema de prestaciones y la pérdida del permiso de trabajo", censura.

Dicha asociación ha recogido el testimonio de María, refugiada centroamericana a la que ya han comunicado que dejará de tener permiso para trabajar: "Dejé solos a mis hijos adolescentes para unirme a la lucha en un momento donde las cuidadoras enfermaban una tras otra y también contagiaban a sus familias, pero el Gobierno no esperó ni a que terminara el estado de alarma para decirme que ya no soy necesaria y me manda de vuelta al peligro de mi país".

En las mujeres se da además la circunstancia de que muchas son víctimas de trata; el año pasado, las religiosas Adoratrices acompañaron a 146 con necesidades de protección internacional, 10 de las cuales obtuvieron la concesión de asilo.

Manos Unidas ha puesto el foco en las mujeres eritreas que, tras atravesar el desierto del Sinaí donde son sometidas a todo tipo de torturas por parte de las mafias beduinas, son detenidas en la frontera de Israel en instalaciones superpobladas; cuando llegan a Tel Aviv, se encuentran "sin acceso a los servicios básicos como atención médica, vivienda, educación, formación profesional o el empleo". "Solas en un país que las rechaza".

También están los niños: en ellos ha pensado Save the Children para instar al Gobierno a aprobar una nueva Ley de Asilo con enfoque de infancia que asegure la protección de menores refugiados en España y, para aquellos que han conseguido llegar a Ceuta y Melilla con sus familias, reclama que puedan acceder al sistema de acogida peninsular en igualdad de condiciones.

En el mismo sentido, Aldeas Infantiles ha urgido una estrategia global que incluya mejoras en el proceso de recepción y acogida de menores migrantes no acompañados y se asegure que se cumplen sus derechos.

Otro grupo especialmente vulnerable es el LGTBI, de ahí que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales haya exigido que tanto el sistema de acogida como los procedimientos de solicitud incluyan protocolos específicos para la atención a este colectivo. EFE