Por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han desfilado ya la mitad de los acusados, una quincena de directivos, asesores y proveedores de la filatélica que han defendido que el dinero de los clientes no peligró hasta la intervención judicial, pese a que el desfase patrimonial del que tienen que responder se eleva a 2.848 millones, como consta en la acusación de la Fiscalía Anticorrupción.

El Ministerio Público sostiene que la sociedad desplegó durante años una actividad de captación masiva de fondos que alcanzó los 11.200 millones entre 2000 y 2005, mediante la suscripción de unos contratos de inversión filatélica en los que ofrecía rentabilidades superiores a los bancos.

Once años después de la intervención judicial de la entidad, en mayo de 2006, el expresidente Francisco Briones se enfrenta a una petición de condena de hasta 27 años de cárcel, en tanto que para el resto de acusados las penas oscilan entre los tres y los dieciséis años por delitos como estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de dinero.

Aunque la mayoría de los acusados ha negado todos los cargos y ha señalado a Briones como el único y máximo responsable, alguno de ellos ha admitido prácticas irregulares, como la sobrevaloración de los sellos o la inexistencia de provisiones.