El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves una orden para hacer "efectivas" las restricciones de movilidad aprobadas por la mayoría de las Comunidades en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que obligará al Gobierno autonómico de Madrid a aplicarlas y restringir las salidas y entradas a la ciudad de Madrid y otros nueve municipios madrileños que cumplen los criterios fijados.

Las medidas han sido aprobadas de "forma colegiada" en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el voto favorable de 13 Autonomías, buscan restringir la movilidad en los municipios de más de 100.000 habitantes con más de 500 casos de Covid-19. Para requerir la aplicación de esas medidas también se tendrá en cuenta que esos municipios presenten un porcentaje de positividad en las pruebas diagnósticas superior al 10 por ciento en las últimas dos semanas; y que la ocupación de camas por pacientes con Covid en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en hospitales de la Comunidad supere el 35%.

Actualmente hay diez municipios, según el Ministerio, que se encuentran en esta situación, y todos ellos están en la Comunidad de Madrid, empezando por la capital, además de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz.

En concreto, estas restricciones pasan por restringir entradas y salidas de las personas que vivan en esos municipios, menos si es para asistir a centros, servicios y establecimientos sanitarios; cumplir con obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales; asistir a centros educativos; volver al lugar habitual de residencia; asistir a personas mayores, menores, dependientes, con discapacidad o vulnerables; acudir al banco, juzgado o notaría; renovar documentación oficial; realizar exámenes; o por cualquier otra causa de fuerza mayor. Sí se permite circular por dentro de los mismos.

También se restringe a un máximo de seis personas las reuniones familiares y sociales, tanto en la vía pública como en los espacios privados, excepto en el caso de actividades laborales e institucionales; y se cierran los parques infantiles de uso público, entre otras medidas.

La Comunidad de Madrid considera que la decisión adoptada en el Consejo Interterritorial de Salud "jurídicamente no es válida" al no haber sido tomada por consenso. "El Gobierno de España tiene prisa por intervenir Madrid y no por luchar contra el virus", ha dicho en rueda de prensa el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero. La intención de la región es llevar la norma al Supremo para que la Justicia frene las medidas impuestas por Sanidad de forma cautelar.