Este miércoles, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado la inadmisión de la querella interpuesta contra Díaz Ayuso por un presunto delito de alzamiento de bienes al recibir en 2011 un piso de sus padres en calidad de donación. Y con este, ya van 14 intentos de la izquierda de imputar a la presidenta madrileña, todos ellos fallidos por falta de indicios.

La izquierda ha intentado en más de una decena de ocasiones que la justicia impute a la líder de la Comunidad de Madrid, bien por la gestión de las residencias en la etapa más dura de la pandemia, por un supuesto tráfico de influencias con la empresa Avalmadrid, con motivo del uso de un apartamento cuando estuvo contagiada de covid-19 o por un presunto delito de alzamiento de bienes.

El conflicto se remonta a junio de 2020, cuando José Manuel Franco, por aquel entonces líder del PSOE en Madrid y delegado del Gobierno, apuntó en un encuentro público y telemático con militantes de su partido lo que él consideraba la hoja de ruta para echar a Ayuso de la Presidencia de la Comunidad. El líder de los socialistas madrileños pedía a sus compañeros que fueran activos en redes sociales y que se hiciera especial hincapié en el tema de las residencias, todo ello con el objetivo de que Ciudadanos rompiera con el Partido Popular.

Presunto delito de alzamiento de bienes

En el caso de la querella interpuesta por la Asociación Libre de Abogados (ALA), por un presunto delito de alzamiento de bienes por el piso de sus padres, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado ante la Sala Segunda del órgano judicial un informe por el que solicita la inadmisión de la querella.

El fiscal Javier Zaragoza ha pedido que se acuerde la inadmisión y "el archivo de las actuaciones" ante la "manifiesta ausencia de elementos indiciarios que acrediten que los hechos que se le imputan a la aforada puedan ser constitutivos de delito, declarándose igualmente incompetente para la investigación relativa a los restantes querellados".

La Asociación Libre de Abogados acusa a Díaz Ayuso de presuntamente aceptar la donación efectuada por sus padres, de la que era su vivienda familiar, para evitar que el inmueble pudiera ser objeto de reclamación por su condición de deudores de la entidad Avalmadrid, empresa pública que había concedido en febrero de 2011 un crédito aval por importe de 400.000 euros de Infortécnica SL, del que eran socios sus padres.

La querella va dirigida contra nueve personas, entre ellas la presidenta regional, su hermano y su madre por un delito de alzamiento de bienes del artículo 257 del Código Penal, un delito que acarrea penas de hasta seis años de prisión y multa de 12 a 24 meses. La Fiscalía ha subrayado que la dirigente "ni tuvo relación o participación alguna en la actividad de la sociedad Infortécnica SL, ni se benefició en modo alguno del crédito-aval concedido por Avalmadrid a esta sociedad, ni puede ser considerada deudora en relación con el impago de ese crédito (lo que excluye la posibilidad de ser considerada autora material del delito".

La polémica por el apartamento donde pasó el covid

En julio de 2020, el PSOE de Madrid presentaba una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por las supuestas "irregularidades" en la publicación de un contrato sobre un hotel de la cadena hotelera Room Mate que acogió a usuarios de residencias de mayores sin Covid-19 y que son propietarios del apartahotel donde Díaz Ayuso se alojó cuando estuvo contagiada de coronavirus.

Pocos más de seis después, la Fiscalía Anticorrupción archivaba la denuncia. Los socialistas mantenían que inicialmente este asunto se atribuyó a un "error" y luego el contrato "desapareció justo el día anterior de haberse conocido que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se alojaba en un hotel de esta cadena durante el estado de alarma en unas condiciones que podrían calificarse de ventajosas". Por ello, alegaron "presunta comisión de delitos de falsedad de documento público", pues aseguraban "manipulación del portal de contratación".

La gestión de las residencias en el punto de mira

La gestión de las residencias en los momentos más duros de la pandemia es el tema que más denuncias acumula, superando la decena. Los procedimientos judiciales han sido, especialmente, contra el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, por el funcionamiento de las residencias de mayores durante la primera ola, pero todos ellos han sido archivados o inadmitidos por El Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y varios juzgados de instrucción de la capital.

En todos los casos, los jueces no han encontrado elementos delictivos en los hechos denunciados, por lo que no se puede atribuir a los responsables políticos las consecuencias de la pandemia en cuanto a lo ocurrido en las residencias se refiere. El Gobierno de Díaz Ayuso ha denunciado un "uso político" de la oposición en cuanto a las muertes en los centros de mayores. Además, han apuntado que el hecho de que "los tribunales hayan concluido que no hubo causa efecto entre las decisiones del Gobierno y la muerte de personas en las residencias como consecuencia del Covid-19, viene a respaldar la gestión del Ejecutivo durante los terribles primeros meses de la crisis sanitaria".