Dancausa zanja la polémica por las menores prostituidas en Madrid: “No hay caso”

La consejera de Familia y Política Social, Concepción Dancausa, explicó este miércoles que las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid no han sido prostituidas ni explotadas sexualmente en ningún centro gestionado por ellos y ha aclarado que “aquí no hay caso”.

En la comparecencia, llevada a cabo en la Asamblea, Dancausa indicó que en Madrid hay niñas “que son víctimas de un delito de explotación sexual de menores”, pero que “no se está ante un caso de explotación sexual de menores tuteladas”. “El matiz es fundamental”, añadió.

En ese sentido, Dancausa hizo hincapié en que desde su consejería se alertó en 84 ocasiones a la Policía y a la justicia sobre las salidas injustificadas de tres de las menores. Fuera del centro, señaló, “no las podemos controlar”.

La consejera, que comparecía a petición propia, destacó que el Ejecutivo regional “ha antepuesto la defensa superior de las menores, lo que contrasta con el doble rasero que aplica la izquierda”, en alusión a los casos de menores explotadas sexualmente en Baleares y en la Comunidad Valenciana.

Para evitar que se produzcan nuevos episodios de este tipo, Dancausa anunció que durante el primer semestre de este año se va a poner en marcha una auditoría para evaluar la eficacia y la calidad del sistema de protección de menores tutelados por la Comunidad.

Desde Más Madrid, el diputado Emilio Delgado acusó a Dancausa de “mentir permanentemente” y anunció que reprobarán a la consejera y que exigirán su cese en el próximo pleno. Por su parte, la diputada del PSOE Lorena Morales calificó la comparecencia de Dancausa como “lamentable”.

En COPE hemos buscado respuesta a esta pregunta con la ayuda de Blanca Gómez Bengoechea, jurista e investigadora del Instituto Universitario de Familia de la Universidad Pontificia Comillas. Según ella, una solución podría estar en el entorno en el que se mueven los menores: “necesitan que sea estable y que se generen vínculos estables y permanentes”.

También apuntó a la Comunidad de Madrid y aseguró que debería actualizar su legislación, de 1995, y adaptarla a ley de Protección de Menores, de 2015. La jurista explicó que, basándose en este cambio, “tiene que cambiar sus modelos de intervención y de cuidado”. “Hay que apoyar a las familias de origen de los niños con medios suficientes para evitar las separaciones siempre que se pueda y, si hay que separar a los niños de sus familias, es imprescindible proporcionarles familias alternativas”, añadió.